MADRID, 21 ( EUROPA PRESS)
La diputada socialista Pilar Sánchez Acera ha reclamado en el Pleno de la Asamblea la elaboración de un plan de choque en la Cañada Real mientras se trabaja en la ley para este ámbito, en el que ha calculado que existen unas 1.700 viviendas e infraviviendas donde viven unas 40.000 personas "o ciudadanos entre comillas, como dijo (la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio), Ana Isabel Mariño".
Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, ha recordado que se sigue trabajando de manera transversal, con la educación, la sanidad y los servicios sociales como punta de lanza, para desarrollar la disposición adicional en el proyecto de ley.
La respuesta no ha sido suficiente para Sánchez Acera, que ha dicho que la de la Cañada es la "historia de una mentira" procedente de "un Gobierno mentiroso y con una presidenta mentirosa que ha preferido amparar la mayor trama de corrupción en la política institucional en lugar de solucionar la vida de los vecinos de la Cañada".
En este punto, la diputada ha recordado que entre las competencias de la Comunidad se encuentra la ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención, según el Estatuto de Autonomía, mientras que la Ley de Servicios Sociales reconoce la creación de planes especiales para situaciones extraordinarias, como cree que es la de la Cañada. Todo ello sin olvidar que ha pasado casi un año desde que el PP presentó el anteproyecto de ley que, a día de hoy, "todavía no ha visto la luz".
Por su parte, Hidalgo ha acusado a los socialistas de tener el "master en no decir la verdad" y ha puesto como ejemplo el caso del secretario general del PSM, Tomás Gómez, al que "no se le movió un pelo al decir que se han construido cinco centros de salud en la Comunidad cuando han sido 68".
"Cuando se apruebe la ley, en la disposición adicional segunda se dice que las administraciones con competencia en la materia, mediante un acuerdo marco, establecerán las bases de cooperación y colaboración necesarias para tratar de las cuestiones de índole social, y será ese momento, el de la votación y el de poner en práctica de la ley, cuando se vea la voluntad de los grupos políticos y de los ayuntamientos para resolver el problema de una forma integral", ha concluido.
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