El Registro de Delincuentes Sexuales controlará a 43.000 condenados en España

En España hay viviendo más de 43.700 condenados por delitos sexuales, y esas personas formarán parte de un registro a disposición de las autoridades, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y organismos que justifiquen su consulta.

Es una de las principales novedades de las nuevas medidas contra los delitos sexuales, cuya aprobación ha sido anunciada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Catalá ha explicado que el proceso de uso del registro "se ha hecho de manera garantista. El sistema de acceso permitirá para jueces, tribunales, fuerzas de seguridad... pero siempre asociado con procesos en el que tengan competencia para ello. No será para el que quiera hacer una tesis doctoral. Hemos sido muy cuidadosos, para que no consten los datos de las víctimas".

Dentro de ese resgistro aparecerán los datos personales del individuo condenado y su perfil genético. Esta medida está encaminada a evitar, por todos los medios posibles, que los delincuentes sexuales puedan entrar a trabajar en colegios o institutos, o cualquier lugar en el que puedan poner en riesgo a sus potenciales víctimas.

La nueva normativa establece que quienes quieran trabajar en contacto con menores, acrediten que no han sido condenados en firme por ningún delito relacionado con niños o adolescentes.

La puesta en marcha de las medidas se realiza con la aprobación de sendos Reales Decretos sobre el Estatuto de la Víctima del Delito y sobre el Registro de Delincuentes Sexuales.

El Real Decreto que desarrolla la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito, norma ya publicada en el BOE el 28 de abril que entró en vigor el 28 de octubre, servirá para regular además el funcionamiento de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito.

El objetivo de esta norma es garantizar una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, y no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar, todo ello con independencia de su situación procesal.

Asimismo, en el Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, se prevé contemplar la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia.