El supremo confirma el archivo de la investigación sobre la represión china en tíbet

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra tres ministros chinos y cinco altos cargos del Gobierno de ese país por delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos durante la represión ejercida contra la población civil de El Tíbet en los meses previos a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008.
El caso fue archivado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en febrero de 2010. El magistrado aplicó la limitación de la jurisdicción universal promovida por el Gobierno socialista y por el PP, una reforma legal que entró en vigor en noviembre de 2009 y que restringió las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre delitos cometidos en el extranjero a aquellos casos en los que haya afectados españoles.
Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, presididos por Juan Saavedra, señalan en el auto hecho público hoy que esta limitación es “de aplicación insoslayable por los tribunales españoles”, quienes sólo podrán investigar hechos cometidos en el extranjero si existe “un vínculo de conexión relevante con España”.
El Alto Tribunal concluye que en el caso de la represión china en El Tíbet en el año 2008 no existe este vínculo con España, por lo que confirma el archivo de la investigación y rechaza el recurso interpuesto por los querellantes -el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Sherpa Sherpa-.
Los magistrados del Supremo consideran que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que confirmó en octubre de 2010 el archivo decretado por Pedraz, ofreció “una respuesta fundada, razonada y en modo alguno vulneradora de los derechos fundamentales”.
TRES MINISTROS IMPUTADOS
La querella, interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, se centraba en la represión ejercida por China en El Tíbet a partir del 10 de marzo de 2008, en el marco de las revueltas independentistas que tuvieron lugar en los meses anteriores a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín.
"Las autoridades políticas y militares chinas dirigieron un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana causando, al menos, 203 muertos, más de 1.000 lesionados y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos", destacaba el escrito de los querellantes.
En la causa estaban imputados por un delito de lesa humanidad el ministro de Defensa chino, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang, y el ministro de Seguridad Pública y miembro del Comité Central del Partido Comunista Chino, Meg Jianzhu.
Pedraz imputó asimismo a Zhan Qingli, secretario del Partido Comunista Chino en la Región de Autónoma de El Tíbet; a Wang Lequan, miembro del Politburó en Pekín; a Li Dezhu, líder de la Comisión de Asuntos Étnicos; al general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, y al general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de la región china de Chengdu.
El pasado mes de mayo, Pedraz cursó una comisión rogatoria a China solicitando permiso para realizar in situ los interrogatorios a los tres ministros y a los cinco altos cargos imputados en la causa. Las autoridades chinas contestaron al magistrado solicitando el archivo de la querella.