El supremo lleva a juicio al exalcalde de santa cruz de tenerife por prevaricación

El Tribunal Supremo ha dictado apertura de juicio oral por un delito de prevaricación contra el senador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, al que la Fiscalía acusa de cometer “conscientemente” diversas irregularidades en la adjudicación de un contrato público a una empresa para el acondicionamiento de un edificio que iba a acoger las oficinas municipales.
El instructor de la causa, el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo Luciano Varela, ha dictado asimismo apertura de juicio oral contra Guillermo Núñez y Joaquín Castro. “Los hechos se consideran indiciariamente constitutivos de un delito continuado de prevaricación administrativa”, señala el juez en el auto hecho público hoy.
El instructor dictó en mayo pasado una resolución en la que señalaba que, en virtud de las diligencias de investigación practicadas, considera como “hechos probablemente ocurridos” que el querellado, en su condición de alcalde de Santa Cruz de Tenerife, decidió “solventar los múltiples reparos” formulados por la Intervención de Fondos municipal “con ocasión de la adjudicación, ejecución y abono de los trabajos llevados a cabo por la empresa IMES SA en el edificio sede del Instituto de Educación Secundaria ‘Hermanos García Cabrera’ para su acondicionamiento como ubicación de las oficinas municipales”.
“La empresa citada había desempeñado trabajos para el Ayuntamiento en virtud de un contrato que tenía por objeto obras de mantenimiento. No obstante, las ejecutadas en el edificio antes citado sobrepasaban de manera inequívoca tal concepto”, señalaba en el auto.
PROCEDIMIENTO ILEGAL
El instructor del Supremo indicaba que, “pese a la entidad y elevado coste de las obras, en ningún momento se siguió el procedimiento legalmente exigible para su aprobación, ni se convocó concurso para su adjudicación y contratación”.
“El querellado era plenamente consciente de la ilegalidad de su proceder que le era reiteradamente expuesta por los funcionarios de la Intervención. Dicha ilegalidad era nítidamente perceptible por quien se encontrase mínimamente habituado con la actuación administrativa municipal en tal área, más aún por quien fuera alcalde muchos años e incluso tenía la condición de licenciado en Derecho”, subrayaba la resolución.
En base a estos hechos, el Supremo atribuye a Zerolo un delito de prevaricación, ya que “dictó diversas resoluciones conociendo que eran notoriamente contrarias a elementales normas relativas al régimen de contratación de obras por el Ayuntamiento del que era alcalde”.
Las actuaciones se dirigen también contra Guillermo Núñez Pérez y Joaquín Castro. Mientras Núñez ordenó el acometimiento de las obras “prescindiendo de contratación en régimen de concurrencia competitiva”, Castro emitió el informe con el que se abonó la factura.