El Supremo obliga a Roca y a Julián Muñoz a devolver 341.392 euros a Marbella

Madrid, 12 abr.- El Tribunal Supremo ha confirmado hoy el fallo del Tribunal de Cuentas que obliga a Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, y a Juan Antonio Roca y otros responsables de la sociedad "Planeamiento 2000, S.L." a reintegrar 341.392,38 euros más intereses al ayuntamiento marbellí.

Julián Muñoz recurrió contra el dictamen del Tribunal de Cuentas que le obligaba a devolver al Ayuntamiento de Marbella la citada cantidad de manera solidaria con Juan Antonio Roca (principal implicado en el caso Malaya) y con los empresarios Guzmán Lanzat y Perodia Cruz-Conde.

Todos eran responsables de la empresa Planeamiento 2000 S.L., que causó perjuicios por valor de 341.392 euros a Marbella, utilizando para ello su supuesta labor de asesoramiento técnico en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, además de la gestión y la firma de convenios en ese ámbito.

A cargo de esa sociedad, constituida por el propio ayuntamiento y con sus fondos públicos, se pagaron 222.963 euros a Juan Antonio Roca entre los años 2000 y 2001 (cuando Muñoz era alcalde provisional, cargo para el que fue nombrado oficialmente en 2002), en calidad de gerente y en concepto de gratificaciones extraordinarias no justificadas.

Además, Roca realizó gastos en restaurantes, hoteles y billetes de tren por valor de miles de euros, "ninguno de los cuales está debidamente justificado", dice la sentencia confirmada hoy.

Junto a ello, se realizaron desde esta sociedad diferentes abonos (como el de 3.485 euros por asesoramiento a José María Del Nido, expresidente del Sevilla Fútbol Club) y contratos con otras empresas.

Algunos de ellos no se justificaron o bien se pagaron con menos cantidades de las que se dedujeron de los presupuestos de "Planeamientos S.L." (es decir, que se sustraía a la sociedad municipal más dinero del que luego se utilizaba en los pagos, con el resultado de menoscabo de miles de euros).

Muñoz recurrió al Supremo con argumentos como el de la prescripción del procedimiento, porque no le fue notificado, lo que rechaza el alto tribunal porque la fiscalización fue un hecho notorio de amplia repercusión mediática, necesariamente conocido por los responsables municipales y, en último término, por Muñoz.