El supremo rechaza la denuncia contra cayo lara por criticar la actuación policial del 25s

El Tribunal Supremo ha rechazado de plano la denuncia interpuesta por la Confederación Española de la Policía (CEP) contra el líder de IU Cayo Lara y el diputado de esta formación Alberto Garzón, a los que se acusaba de un delito de calumnias por criticar la labor de los agentes durante la manifestación celebrada en los alrededores del Congreso de los Diputados el pasado 25 de septiembre.

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, presididos por Juan Saavedra, han concluido que “las frases que se atribuyen a los denunciados no son constitutivos de delito alguno”. La CEP denunció a Lara por decir que el funcionamiento del Congreso “se vio molestado y perturbado por la policía y nunca por los manifestantes”.
El escrito señalaba asimismo que Garzón había dicho públicamente el 25 de septiembre que había asistido a “un exceso policial brutal en las calles, que no atendía a ninguna lógica”.
Los magistrados del Supremo han decidido ahora inadmitir a trámite la denuncia de la CEP ya que, para entender que se ha cometido un delito de calumnia, “no basta con achacar genéricamente a otros hechos constitutivos de la infracción penal, sino que es necesario que esa imputación se haga de modo específico y en todo caso individualizando”.
La sentencia hecha pública hoy subraya que “cuando las declaraciones se refieran a la actuación profesional de funcionarios policiales en el ejercicio de las funciones los límites permisibles para la crítica son más amplios porque están expuestos a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna”.
“En un sistema inspirado en los valores democráticos la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo con relevancia pública”, indican los magistrados.
El Alto Tribunal ha tenido además en cuenta que Lara y Garzón hicieron sus manifestaciones “dentro de un debate o contienda pública y política sobre unas cargas policiales en los alrededores del Congreso de los Diputados que afectaban a los intereses de la ciudadanía, contexto en que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general”.