El Supremo rechaza suspender de forma cautelar la ley de acceso a la abogacía

  • El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender cautelarmente la aplicación del reglamento de la nueva ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que entró en vigor el pasado mes de noviembre, mientras resuelven los recursos interpuestos contra la citada normativa.

Madrid, 2 dic.- El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado suspender cautelarmente la aplicación del reglamento de la nueva ley de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que entró en vigor el pasado mes de noviembre, mientras resuelven los recursos interpuestos contra la citada normativa.

La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del TS ha considerado en un auto que no ha lugar a la petición de uno de los recurrentes -Ignacio Villar Gutiérrez-, que, en nombre de varios estudiantes y futuros licenciados en Derecho, solicitaba que se paralizará la aplicación de la norma de forma cautelar hasta que el tribunal resolviera los recursos.

El auto explica que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, no procede conceder dicha medida cautelar, ya que la suspensión supondría "un tratamiento desproporcionadamente desigual y discriminatorio a personas en situación y condiciones exactamente iguales, cuando esta pretensión constituye el fondo de la cuestión" que se debe debatir.

El reglamento recurrido, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio y está en vigor desde el 1 de noviembre, establece un nuevo sistema de acceso a las profesiones de abogado y procurador, que incluirá un máster y un examen, y está previsto que las primeras pruebas a los futuros letrados se realicen en el curso 2012-2013.

La ley establece un curso de formación especializada para los licenciados y los graduados en Derecho, que podrán organizar las universidades, las escuelas de práctica jurídica, creadas por los colegios de abogados o procuradores, o los dos organismos conjuntamente.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y los Ministerios de Justicia y Educación darán el visto bueno a los contenidos y al profesorado de los programas.

Los cursos incluirán 60 créditos de formación -de un año de duración aproximadamente- y 30 créditos de prácticas externas, tras los que habrá que superar una prueba de evaluación única en todo el territorio nacional.

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