Madrid, 14 may.- El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la resolución de la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que ejecutó la subasta de fármacos.
El Gobierno decidió presentar ante el Alto Tribunal un conflicto positivo de competencia al entender que se invadía la legislación estatal y reducía la oferta de prestaciones.
El planteamiento de este conflicto conllevó la suspensión de esta norma andaluza.
El Ejecutivo subrayó, cuando el Consejo de Ministros acordó el pasado 30 de marzo la presentación del recurso, que su decisión estaba avalada por el dictamen favorable del Consejo de Estado que cuestiona la adecuación al orden competencial de la citada resolución autonómica.
La Junta hizo la primera de estas subastas públicas el pasado 19 de marzo y con ella pretendía rebajar el precio que la sanidad pública paga a las farmacéuticas por los medicamentos.
Con la primera de las subastas, el Gobierno andaluz trataba de adjudicar mediante subasta pública determinados medicamentos genéricos para que fueran los que se tienen que dispensar cuando el paciente llega con una receta que sólo incluya los principios activos, y de esta forma ahorrar en la factura farmacéutica.
En su resolución, el TC acuerda dar traslado de esta demanda y los documentos presentados a la Junta de Andalucía para que en el plazo de veinte días aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes.
El mecanismo puesto en marcha por Andalucía, a juicio del Gobierno central, vulnera claramente las competencias estatales y modifica la cartera básica de servicios establecida por el Estado, excluyendo prestaciones a las que podría acceder aplicando la normativa básica.
Tras presentar la denuncia ante el Alto Tribunal, el Ejecutivo abrió un "procedimiento" para revisar los precios de los medicamentos que ofrecen las cuatro empresas farmacéuticas que participaron en la subasta.
El Gobierno andaluz consideró que el Ejecutivo del PP ha trascendido los límites meramente judiciales y ha ejercido una presión sobre los laboratorios que se presentaron a la subasta de fármacos.
El Ejecutivo autonómico denunció que el recurso contencioso administrativos, admitido a trámite, pretendía una impugnación rápida para lograr la suspensión cautelar de la medida.
El Tribunal Constitucional acuerda también en esta resolución comunicar la incoación de este conflicto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por si estuviera impugnada o se impugnase esta resolución, en cuyo caso se suspendería el proceso hasta la decisión por parte del Alto Tribunal.
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