El TSJCV investigará el supuesto fraude de fondos públicos para cooperación

Valencia, 5 sep.- El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) se ha declarado competente para investigar el supuesto fraude de fondos de la Generalitat destinados a proyectos de cooperación, trama en la que podría haber participado el portavoz parlamentario del PPCV, Rafael Blasco.

Así lo indica un auto hecho público hoy por la Sala de lo Civil y Penal de este Tribunal, que acepta la causa iniciada por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que al apreciar indicios de delito en la actuación del exconseller de Solidaridad se inhibió debido a su condición de aforado.

El auto, en el que se designa como instructora a la magistrada María Pía Calderón, señala que los hechos podrían revestir carácter de prevaricación, fraude de subvenciones públicas y cohecho, entre otros delitos en los que, sin perjuicio de lo que se desprenda de la instrucción, "pareciera haber tenido intervención personal" el diputado Rafael Blasco.

Entre otros asuntos, la magistrada deberá decidir sobre la imputación del exconseller y portavoz del PP, medida que solicitó la Fiscalía el pasado mes de junio al considerar que existen "fundados indicios" de su participación en los hechos.

La investigación judicial se inició en mayo del pasado año, después de que el Ministerio Público tramitara unas denuncias particulares sobre supuestas irregularidades en la concesión de fondos destinados a la cooperación al desarrollo para el tercer mundo.

Entre otras diligencias, la instructora ordenó la práctica de observaciones a los sospechosos y grabación de sus conversaciones telefónicas, registros -incluidas las dependencias de la Conselleria de Bienestar Social- y diferentes análisis periciales y fiscales de contratos y cuentas bancarias.

La investigación se saldó con catorce detenciones y 26 imputaciones, seis de los cuales recayeron sobre personas que ocupaban cargos en la Administración autonómica, como el exdirector general de Cooperación de la Generalitat Josep María Felip y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad Alexandre Catalá.

El resto de imputados está vinculado a las seis ONG implicadas en la trama, entre ellas el responsable de la Fundación Hemisferio, Cesar Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional y sin fianza.

Posteriormente, concretamente el pasado 2 de julio, elevó la causa al TSJCV al considerar que existían "sólidos indicios de participación delictiva en la actividad ilícita que está siendo objeto de la investigación" por parte de Blasco.

Según los argumentos de la instructora, el diputado autonómico podría "haber participado" en la comisión de los siguientes delitos: fraude de subvenciones públicas, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La acción judicial que ahora proseguirá el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se centra en el supuesto desvío de las cantidades concedidas a determinadas ONG mediante facturas hinchadas para justificar el dinero recibido.

Entre los afectados por la supuesta malversación se encuentran diferentes proyectos en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, El Salvador, Haití y Nicaragua. EFE.