Empieza el proceso para decidir si Berlusconi abandona el Parlamento italiano

Roma, 9 sep.- La Junta para las Elecciones y la Inmunidad del Senado italiano comenzó hoy de modo efectivo el proceso que llevará a decidir si el ex primer ministro Silvio Berlusconi tiene que abandonar su escaño, tras haber sido condenado en firme a cuatro años de prisión por fraude fiscal en el caso Mediaset.

Los 23 componentes de la Junta, comisión encargada de dictaminar la idoneidad de los senadores para su cargo, empezaron este lunes a abordar la legitimidad de Berlusconi como parlamentario, después de haber decidido a primeros de agosto aparcar esta cuestión hasta la vuelta de la pausa vacacional.

En estas semanas ha aumentado la incertidumbre en torno ya no solo al futuro político de Berlusconi, sino también sobre las consecuencias que éste pueda tener para la estabilidad del Ejecutivo de coalición de Enrico Letta, del que forma parte el partido de "il Cavaliere", el conservador Pueblo de la Libertad (PDL).

La Junta del Senado debe decidir si es aplicable a Berlusconi la llamada "ley Severino" del Ejecutivo de Mario Monti, aprobada en diciembre de 2012 y que establece la imposibilidad de presentarse a las elecciones o la expulsión del Parlamento de quienes hayan sido condenados en firme a penas superiores a los dos años de cárcel.

Sobre la interpretación de esta norma se centra la decisión que deberá tomar la Junta, toda vez que los abogados del ex primer ministro han apelado al Tribunal Europeo de Estrasburgo contra la aplicación de la "ley Severino" en base al artículo 7 del Convenio de Derechos Humanos, que establece la irretroactividad de las leyes penales desfavorables.

Los senadores del partido de Berlusconi afirman que la ley no puede aplicarse a "il Cavaliere", entre otros motivos, porque el alcance de su aplicación no afecta a hechos que tuvieron lugar cuando la norma aún no existía.

Según informan los medios de comunicación italianos, que citan a senadores presentes en la reunión de la Junta (celebrada a puerta cerrada), el portavoz del PDL, Andrea Augello, planteó hoy tres cuestiones previas a la defensa de Berlusconi que pidió analizar por separado, pero esto último fue rechazado por la mayoría.

Entre esas cuestiones, la exigencia de que se pida un dictamen sobre la "ley Severino" al Tribunal Constitucional italiano y/o a la Corte de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, para que, en el caso de esta última, se decida si la norma contraviene o no los principios del derecho comunitario.

Otro de los argumentos esgrimidos por los afines a Berlusconi para que no se le aplique esta norma es el de que, aunque la condena es de cuatro años de prisión, la pena aplicable queda reducida a un año en base a una ley de indultos de 2006, por lo que no llegaría a los dos años que marca la "ley Severino".

En cualquier caso, el PDL tiene como estrategia la de alargar al máximo los plazos del proceso de expulsión del Senado, aunque queda la cuestión de que la Corte de Apelación de Milán vuelva a calcular la inhabilitación para cargo público dictada contra Berlusconi, que en primera y segunda instancia fue de cinco años, lo que le haría también abandonar su escaño.

Hoy mismo fuentes judiciales informaron de que el Tribunal de Apelación comenzará a analizar el próximo 19 de octubre el nuevo cálculo de inhabilitación por el caso Mediaset, que juzgaba la compraventa de derechos de transmisión de películas por valor de 470 millones de euros con un supuesto aumento artificial del precio de los derechos para evadir dinero al fisco.

Más allá de las consecuencias que lo que decida la Junta tenga para Berlusconi (tras ello deberá pasar el caso al pleno del Senado para ratificar su decisión), todas las miradas están centradas en la supervivencia del actual Ejecutivo.

La cuestión es saber si los senadores del Partido Demócrata (PD) de Letta permitirán la expulsión de Berlusconi del Parlamento y si esto conllevará que, como ya se ha amenazado, dimitan los ministros del PDL y esta formación haga que el Ejecutivo pierda la mayoría absoluta en la Cámara alta.

Por el momento, todo apunta a que de los 23 senadores de la Junta una mayoría de 14 está a favor de la expulsión de Berlusconi, entre ellos los ocho miembros del PD, que se niegan a que se aplace este proceso a la espera de una eventual decisión de Luxemburgo o del Constitucional italiano.