En 2014 habrá ya concejales que no cobren en aplicación de la reforma local

Madrid, 18 feb.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene previsto aprobar "antes de que finalice este ejercicio" la reforma local, que pretende limitar el número de asesores y cargos electos que cobren, lo que supondrá un ahorro de 145 millones en el período 2013-2015.

Según fuentes de este Departamento en unos quince días se convocará la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), en la que participan el Gobierno y la FEMP, en la que se entregará el texto de la reforma, así como los estándares de coste o calidad de los servicios que prestan los municipios, para que comiencen a adecuarse a estos parámetros.

Han añadido que la ley es "muy respetuosa con el ámbito competencial" y que "no se tocan" las atribuciones de las comunidades autónomas, con las que se "ha hablado mucho" mientras se gestaba el proyecto, en el que han asumido "muchos" de sus planteamientos.

Ante las críticas del País Vasco o de Cataluña, han asegurado que cumple con los Estatutos de autonomía y que han aplicado la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque, si se han equivocado, rectificarán.

Los objetivos de la futura ley, han detallado, es aplicar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y eficiencia a la administración local.

Así se definen por primera vez "de forma precisa" sus competencias, se eliminan duplicidades y se asegura la prestación de servicios mínimos de los municipios y su financiación adecuada.

Para el Ministerio, la futura ley acabará con las competencias impropias de los ayuntamientos, que solo podrá ejercer cuando no haya riesgo financiero y se garantice la sostenibilidad financiera.

Las mismas fuentes han recordado que habrá un período de cinco años transitorio para las competencias en educación y sanidad y de uno para los servicios sociales.

"No cambia la situación para el ciudadano -han continuado- y en ese tiempo se deben de poner de acuerdo las administraciones para fijar los estándares de calidad".

El Departamento ha encargado un informe al Instituto de Estudios Fiscales que señala que en los municipios de más 100.000 habitantes el gasto per cápita de un mismo servicio mínimo es de 445,44 euros frente a los 1.219,98 que cuesta en los que tienen menos de 5.000 habitantes.

Ahora se fijará un coste estándar de cada servicio público y se evaluarán las competencias y si en un municipio el coste es superior y es una competencia impropia se deberá suprimir el servicio, que lo prestará una administración superior.

Si el coste es superior y es una competencia mínima, las Diputaciones provinciales asumirán los servicios de los municipios con menos de 20.000 habitantes para generar economías de escala.

La norma prevé que no se puedan crear nuevos entes, que los existentes se saneen o se disuelvan y que se supriman los que dependen de otras entidades.

Las mismas fuentes han indicado que, en tres meses, mancomunidades y entidades locales menores deberán rendir cuentas o desaparecerán y han precisado que de las primeras hay unas mil, de las que el 71 por ciento no rinde cuentas, mientras que de las segundos hay unas 4.200, de las que un 96 por ciento no entrega sus cuentas, por lo que son "susceptibles de desaparecer".

Sobre la crítica del PSOE de que el objetivo de la ley es privatizar parte de los servicios municipales, estas fuentes han asegurado que "privatizar no es una crítica" y que "lo importante" es la calidad de los servicios para los ciudadanos.

"En absoluto la ley busca privatizar los servicios, lo que busca es su coste estándar" y con ese precio o lo hace el ayuntamiento, o se transfiere a la Diputación que, han reconocido, tendrán más medios económicos y humanos para desarrollar sus nuevos cometidos.