Ente de DDHH condena el asesinato de líder de afectados por represa en México

  • La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado mexicano de Sinaloa condenó hoy el asesinato de Atilano Román, un dirigente de una comunidad afectada por una represa, y pidió a las autoridades una investigación "pronta y expedita" para esclarecer los hechos.

México, 12 oct.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado mexicano de Sinaloa condenó hoy el asesinato de Atilano Román, un dirigente de una comunidad afectada por una represa, y pidió a las autoridades una investigación "pronta y expedita" para esclarecer los hechos.

El dirigente de la Unión de Afectados de la Presa Picachos, Atinalo Román fue asesinado el sábado a tiros por un grupo de pistoleros cuando transmitía un programa de radio en el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, noroeste de México.

En los hechos, los pistoleros ingresaron a la cabina de radio y dispararon contra Román, quien quedó herido y falleció cuando era atendido en un hospital.

La CEDH informó en un comunicado que solicitó a la fiscalía estatal responsable de la investigación desarrollar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

Asimismo, la CEDH indicó que se deben brindar medidas cautelares para auxiliar a los familiares de Román a fin de garantizar asesoría jurídica, médica, sicológica y protección física y de seguridad.

Además el organismo solicitó extender esta misma protección para el diario El Sol de Mazatlán, debido a que el crimen ocurrió en estas instalaciones donde se ubica la estación de radio.

Román era conocido por encabezar las protestas de comuneros que habían sido desplazados por la construcción de la Presa Picachos, inaugurada por el Gobierno de Felipe Calderón en 2012, y quienes habían realizado bloqueos en la zona turística de Mazatlán.

El líder comunero comenzó a realizar nuevas movilizaciones en los últimos meses para exigir permisos para explotar la pesca comercial en la misma presa, en disputa con otro grupo de comuneros.

El dirigente se quejaba de que los Gobiernos federal y estatal habían incumplido las promesas de beneficios para los habitantes de los pueblos afectados por la construcción de esa obra, entre otras la edificación de viviendas, caminos y empleos.

La Procuraduría de Justicia de Sinaloa abrió una investigación sobre los hechos y para ubicar a los responsables del crimen.

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