Asunción, 16 may.- El estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ratificó hoy que las tierras donde en 2012 tuvo lugar la matanza que llevó al cese del entonces presidente, Fernando Lugo, pertenecen al Estado paraguayo, tal y como reivindican los procesados por aquellos hechos.
La declaración del Indert afirma que el Estado es el legítimo propietario de las 2.000 hectáreas conocidas como Marina Cué, en el distrito norteño de Curuguaty, escenario de los sangrientos hechos que causaron la muerte de seis policías y once labriegos en aquel año.
El tiroteo ocurrió cuando unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional trataban de desalojar a una treintena de campesinos que ocupaban las tierras para reclamar que se incluyeran en el reparto de la reforma agraria.
Ello provocó una semana más tarde la destitución de Lugo en un controvertido juicio político en el Congreso.
El presidente del ente rural, Justo Cárdenas, declaró en una rueda de prensa que la resolución del Indert no tiene connotaciones legales, pero que "abre la posibilidad de una gran mesa de diálogo que promueva una solución integral entre todas las partes de carácter extrajudicial".
El caso se encuentra en La Corte Suprema de Justicia, que a finales de abril declaró inconstitucional un recurso de la empresa de la familia Riquelme, que asegura es la propietaria de esas tierras.
"Estamos en manos de la Justicia; creo que hay una voluntad de la familia Riquelme de que esas tierras pasen a nombre del Estado paraguayo", agregó Cárdenas.
En 2005 un tribunal dio la titularidad de las tierras a la empresa Campos Morombí, de los Riquelme, por la vía legal de usucapión, que da la propiedad de un inmueble a quien lo cuida durante un largo período de tiempo.
El Indert presentó una acción de nulidad contra esa resolución.
Cinco campesinos están acusados de intento de homicidio e invasión de inmueble ajeno por la muerte de los policías, mientras que no hay imputados por el fallecimiento de los labriegos.
Los cinco campesinos acusados de la matanza levantaron el pasado 13 de abril una huelga de hambre de 58 días para reclamar su liberación después de que la Justicia sustituyera la prisión preventiva por arresto domiciliario hasta que se celebre el juicio, previsto para junio.
No obstante, Rubén Villalba, considerado el líder, continúa en prisión porque tenía una causa anterior por ocupación de inmueble.
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