Ente regulador argentino denuncia a Cablevisión por desobediencia y estafa

  • Buenos Aires, 15 ago. El ente regulador argentino de comunicación audiovisual denunció hoy penalmente a la compañía de televisión por cable Cablevisión, del grupo Clarín, "por presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y tentativa de estafa procesal" al considerar que incumple la normativa actual.

Buenos Aires, 15 ago. El ente regulador argentino de comunicación audiovisual denunció hoy penalmente a la compañía de televisión por cable Cablevisión, del grupo Clarín, "por presunta comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad y tentativa de estafa procesal" al considerar que incumple la normativa actual.

A través de un comunicado, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) informó que el titular del organismo, Martín Sabbatella, presentó la denuncia por el "incumplimiento de una parte sustancial de la grilla (programación) de señales televisivas establecida en el marco del cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual".

"La empresa, con capital mayoritario del Grupo Clarín y que aún detenta más de dos tercios del mercado argentino de televisión por suscripción, no acató totalmente las resoluciones del organismo", indicó Sabbatella en la denuncia, presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 9 de Buenos Aires.

Según el titular de la Afsca, Cablevisión desobedeció las normas sobre la programación de canales que establecen qué señales televisivas deben incluirse y su orden de aparición.

El delito de desobediencia a la autoridad es castigado con penas de entre 15 días y un año de cárcel en el Código Penal argentino, mientras que la tentativa de estafa acarrea penas de entre un mes y seis años de prisión.

El pasado octubre, la Corte Suprema argentina zanjó una batalla legal de cuatro años entre el Gobierno y el Grupo Clarín al declarar constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso en 2009.

La norma fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

El Grupo Clarín fue el más afectado por la normativa, pero repercutió también en otros grupos de comunicación de Argentina o con intereses en el país, como el español Prisa.

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