Entregan a Justicia a militares que dispararon contra campesinos en Guatemala

Carlos Arrazola

Guatemala, 5 oct.- El Gobierno de Guatemala entregó hoy a la Justicia a siete militares que aceptaron haber disparado el jueves contra una manifestación de campesinos en una carretera del oeste del país, en un incidente que dejó seis muertos y 34 heridos.

"En la investigación preliminar que realizó el Ministerio de Defensa hay siete soldados que aceptaron que ellos iban en calidad de seguridad y al verse amenazados, temieron por su seguridad y comenzaron a disparar al aire", dijo el presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, en una rueda de prensa en una sede militar.

El mandatario, un general del Ejército retirado, insistió en que los soldados dispararon "al aire" y en defensa propia al verse agredidos por los pobladores, y aseguró que los responsables han sido puestos a disposición de la Justicia.

Según Pérez Molina, los incidentes ocurrieron cuando "un guardia de seguridad privada" que custodiaba un camión comercial disparó en contra de la muchedumbre supuestamente para abrirse paso, a la altura del kilómetro 170 de carretera Interamericana, en una zona conocida como Alaska.

El guardia privado también fue entregado a las autoridades, de acuerdo a la información oficial.

Detrás del vehículo de donde salió el primer disparo venían dos camiones con militares antidisturbios que iban protegidos por once soldados armados con fusiles, siete de los cuales, entre ellos una mujer, "dispararon al aire" para dispersar a los manifestantes que "intentaban lincharlos", añadió Pérez Molina.

En la conferencia de prensa, ofrecida en la sede de la Brigada Militar Guardia de Honor, en el sur de la capital, el Ejército presentó a la prensa a los ocho militares que fueron heridos durante los disturbios, algunos de los cuales responsabilizaron a los manifestantes.

Pérez Molina pidió "no criminalizar" al Ejército, insistió en que los hechos fueron provocados por los manifestantes e hizo un llamamiento a la población para que se abstenga de protestar de forma violenta.

"Lamentamos los incidentes, lamentamos los hechos violentos, hago un llamado al pueblo a que las peticiones se hagan en paz, no es de esa forma como se van a resolver las diferencias", indicó.

Los incidentes se dieron como resultado de una manifestación iniciada la mañana del jueves por parte de cientos de vecinos de los 48 cantones de Totonicapán que bloquearon seis diferentes pasos en la carretera Interamericana, al oeste del país, para forzar al Gobierno a que escuchara sus peticiones.

Los manifestantes rechazaban las reformas a la Constitución promovidas por el presidente Pérez Molina, así como la modificación del plan de estudios de la carrera de maestros, y exigían una reducción en las tarifas del servicio eléctrico que presta una empresa privada.

Miguel Ángel Sandoval, líder de la antigua guerrilla y negociador de los acuerdos que pusieron fin a la guerra interna que padeció Guatemala, dijo este jueves a Efe que el suceso de ayer constituye la primera masacre militar contra poblaciones indígenas del país después de la firma de la paz en 1996.

"Lo ocurrido en Totonicapán es la primera masacre después de la firma de la paz en contra de la población indígena (...) fue una agresión brutal e innecesaria" contra pobladores que "manifestaban su inconformidad" con decisiones y políticas del gobierno, señaló Sandoval.

La última masacre cometida por miembros del Ejército en contra de indígenas ocurrió hoy justo hace 17 años, cuando un grupo de militares ingresó a la comunidad de Xamán, en el departamento de Alta Verapaz, y asesinó a once campesinos.

Diversas organizaciones sociales, encabezadas por la premio Nobel de la Paz 1992, la líder indígena Rigoberta Menchú, han condenado la matanza y exigido una "investigación independiente" de lo ocurrido para llevar ante la Justicia a los responsables.

La Fundación que lleva el nombre de Menchú anunció que se constituirá en "querellante adhesiva" para evitar que los crímenes cometidos por el Ejército no queden en la impunidad.

El Comité de Desarrollo Campesino, integrado por decenas de organizaciones de labriegos, responsabilizó al Gobierno "de mano dura" de Pérez Molina por lo ocurrido el jueves, y exigió retirar de las acciones de seguridad pública al Ejército.

Por otra parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, lamentó hoy en Washington la muerte de los seis campesinos y planteó la "urgente necesidad" de esclarecer el origen del suceso, "como paso imprescindible para pacificar los ánimos y abrir paso al diálogo".