"La Constitución marroquí prohíbe la detención sin orden judicial, y en nuestro caso no hubo orden judicial, sino una resolución administrativa no motivada. Marruecos es un país que no respeta sus propias leyes", ha criticado Martín Morillo, magistrado de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras aterrizar este jueves en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Martín Morillo y la abogada Altamira Guelbenzu son dos de los cinco españoles que integraban la delegación enviada por el Colectivo Internacional de Apoyo a los Presos Saharauis, donde también participaban dos juristas franceses y otro belga, para interesarse por la situación de 21 reclusos que hace más de un mes comenzaron una huelga de hambre en una prisión de Rabat. Se trata de saharauis condenados por un tribunal militar marroquí tras los incidentes que se produjeron en Al Aaiun en 2010 cuando se desmontó un campamento de protesta, y que provocaron la muerte de once policías marroquíes y ocho saharauis.
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