Iguala (México), 4 oct.- Las autoridades mexicanas se encuentran investigando varias fosas encontradas en el municipio de Iguala para ver si los restos humanos que se hallaron en su interior son de alguno de los 43 estudiantes que permanecen desaparecidos desde hace una semana en esta zona del suroeste de México.
El procurador del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, confirmó en rueda de prensa que se han encontrado varias fosas en una zona conocida como Pueblo Viejo en las que hay "un número indeterminado" de cuerpos, aún por identificar.
El lugar fue protegido para que los expertos extraigan los restos y los trasladen al servicio médico forense, "donde serán recabadas las muestras biológicas" para elaborar los perfiles genéticos, compararlos con los de familiares de desaparecidos y "establecer su identidad a la brevedad posible".
Blanco indicó que en dichas tareas cuentan con el apoyo de la división científica de la Policía Federal y servicios periciales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sobre esta desaparición y el homicidio de seis personas hace una semana, tres de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (dedicada a la formación de maestros), dijo que "existen elementos para establecer el involucramiento en los hechos de grupos de la delincuencia organizada".
En particular, señaló a la organización Guerreros Unidos, de la que "varios elementos de la Policía municipal son parte", incluidos algunos de los detenidos.
Blanco contó que ya hay más de treinta personas detenidas, los 22 policías de esta semana y ocho personas más, con cuya información han logrado llegar a las fosas.
En la conferencia de prensa celebrada en Chilpancingo, la capital de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre aseguró que no descansará "hasta castigar y encarcelar a todos aquellos que tengan alguna responsabilidad en estos hechos delictivos".
El caso de los estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa ha conmocionado a la sociedad mexicana, que se ha volcado en los últimos días para exigirle a las autoridades una investigación exhaustiva hasta dar con el paradero de los mismos.
Los hechos violentos comenzaron en la noche del viernes, cuando un grupo de policías cerró el paso con disparos a los autobuses en los que viajaban un grupo de estudiantes de la mencionada escuela de maestros de primaria.
Los vehículos pertenecían a una compañía privada y los estudiantes los habían tomado ilegalmente para transportarse, después de hacer una colecta para costear gastos del internado de la Normal.
Según contó a Efe un estudiante testigo de los hechos, en este primer ataque, en el que no murió nadie pese a los disparos, los agentes se llevaron a varios detenidos en patrullas, de los que nunca se supo nada.
Poco antes de la medianoche, cuando los estudiantes daban una rueda de prensa a algunos medios de comunicación de Iguala, fueron atacados a tiros de nuevo, ataque por el que murieron dos de los jóvenes.
Al día siguiente, las autoridades hallaron el cuerpo del estudiante Julio César Mondragón a 500 metros del segundo ataque, al que le quitaron la piel del rostro y le sacaron los ojos, típico de los asesinatos perpetrados por el crimen organizado.
Las pruebas balísticas demostraron que al menos dos de los 22 policías detenidos también están involucrados en otro ataque en un cruce de carreteras cercano, donde fallecieron dos personas que viajaban en el autobús de un equipo de fútbol infantil (el conductor y un niño) y una mujer que viajaba en un taxi.
Al parecer, los policías confundieron a este autobús con uno de los vehículos en los que viajaban los estudiantes.
En sus declaraciones, uno de los policías detenidos admitió haber detenido a cinco personas y otro reconoció haber visto a diez jóvenes detenidos en el patio de su comandancia, a los cuales se llevaron otros elementos de la corporación a bordo de patrullas.
Los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa han denunciado desde el principio que al menos una veintena de sus compañeros fueron detenidos por policías en patrullas.
Desde el pasado sábado, los padres de familia y los alumnos de la Normal buscan a los jóvenes de entre 18 y 25 años en los hospitales y los depósitos de cadáveres de Iguala, ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de Chilpancingo, la capital de Guerrero.
También las autoridades gubernamentales y del estado ofrecieron una recompensa de un millón de pesos (unos 74.138 dólares) a quien diera pistas sobre el paradero de los jóvenes.
Pero no las municipales, pues el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores, permanecen desaparecidos y no se han presentado a declarar, pese a haber sido llamados por las autoridades.
Según analistas de la región, las organizaciones criminales financian las candidaturas de los presidentes municipales y cuando estos ganan las elecciones se ven obligados a entregar a esos grupos algunas posiciones dentro del Gobierno local, incluidas las policías.
Precisamente en el día de hoy, familiares de los 43 estudiantes convocaron a una marcha nacional para el próximo miércoles, para protestar por la lenta evolución de las investigaciones y exigir que los jóvenes aparezcan.
Los estudiantes de las normales rurales, internados en los que estudian principalmente jóvenes indígenas campesinos, declararon anoche una huelga estudiantil indefinida hasta que aparezcan sus compañeros. EFE
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