En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero considera que dicho informe, fechado el 30 de mayo de 2014 y ratificado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla el pasado mes de septiembre, está "pleno de errores, datos inexactos, datos no tenidos en cuenta, omisiones palmarias, falta de rigor, y ausencia de análisis de la verdadera documentación que constituía la justificación del gasto".
Por este motivo, y en el marco de la investigación de la pieza separada abierta por las ayudas a las empresas del exconsejero, el letrado considera que dicho informe "no podrá ser tenido en cuenta en la instrucción como elemento de cargo" al haberse elaborado "con prueba obtenida de manera ilícita con vulneración de derechos fundamentales".
Al hilo de ello, recuerda lo afirmado por el inspector en sede judicial "cuando el letrado de la defensa le iba preguntando una y otra vez sobre si había tenido en cuenta tal dato, y tal otro, tal documento, y tal otro, y tras negar una y otra vez conocer siquiera el dato o el documento por el que se le preguntaba", llegó a manifestar "algo parecido a 'yo si algún dato no he tenido en cuenta, habrá sido por negligencia, no por ocultación'".
AFIRMACIONES "INAUDITAS"
Asimismo, y según el letrado de Ángel Ojeda, el inspector del Ministerio de Empleo y Seguridad Social afirmó que "el informe no está hecho con mala fe para ir detrás de alguien y no me he guardado nada para perjudicar a nadie", unas frases "inauditas" que el perito "espetó sin que nadie le hubiera pedido explicación alguna y que refleja fielmente la situación" que el exconsejero "viene padeciendo y denunciando en referencia al tal comentado informe".
El escrito ha sido presentado en nombre del exconsejero y de varios investigados más en esta pieza, y se refiere tanto al 'Informe al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Delphi Automotive España S.L.U.' como al denominado 'Especial referencia a la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA), Asociación de Apoyo a la Integración (Humánitas), Asociación para la Sociedad de la Información (Innova), Asociación para la Calidad Europea (Inteca) y Asociación de Apoyo al Medio Ambiente (Natura)'.
El abogado relata que, del interrogatorio del inspector, "de manera clara, efectiva y directa se ha constatado como al menos, desde finales de abril-principios de mayo de 2014, la UCO de la Guardia Civil bajo la tutela del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investigaba a quien ahora son sujetos del proceso" en esta pieza separada, considerando que "la prueba obtenida, su valoración y las conclusiones alcanzadas en el informe, son nulas por la vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo ni confesarse culpable contenido en el artículo 24.2 de la Constitución".
"MERAS CONJETURAS"
Tras indicar que la prueba "nula" ha sido obtenida "extra-muros del proceso", el letrado rechaza que se trate de un informe pericial y también que el inspector sea un perito, ya que considera "evidente" que éste "no ha sido nombrado perito judicial según las estrictas reglas contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que más al contrario, ha sido cazado de manera fortuita por la UCO de la Guardia Civil en una reunión para-procesal de la que" el inspector "refiere como casual, e incorporado al proceso de manera extraña, anómala y con vulneración de los más elementales derechos de investigado en sede penal".
"El informe no tiene más valor que el de ser una mera opinión jurídica innecesaria e inhábil a efectos imputatorios (de escasísimo rigor jurídico) y el mal denominado 'acto de ratificación' no puede tener más consideración que la de una simple testifical que nada testifica", asevera el abogado, que considera que las conclusiones del informe "son meras conjeturas", al no haber analizado el expediente de justificación de la Junta "ni ser el inspector conocedor de la normativa subvencional andaluza".
En el informe, recogido por Europa Press, se detalla "la existencia de un sistema de subvenciones directas concebido por la Junta de Andalucía con el fin de dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría".
EL INFORME
"Las subvenciones se destinaron a la simulación de relaciones laborales para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de la citada planta, con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones, además de a mantener las percepciones de los extrabajadores al margen de la normativa de protección por desempleo y a financiar prejubilaciones en términos distintos de los previstos legalmente", recoge el informe.
Asimismo, pone de manifiesto que "el sistema de concesión y gestión de las subvenciones se llevó a cabo incumpliendo lo dispuesto en su normativa específica y causando un grave perjuicio para el patrimonio de la Seguridad Social, para el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal y para el presupuesto de la propia Comunidad Autónoma de Andalucía".
"La Junta de Andalucía ha destinado fondos procedentes de subvenciones estatales a objetivos distintos de los acordados en los convenios de colaboración y en las leyes de presupuestos generales del Estado. También ha dedicado fondos de sus presupuestos a fines diferentes de los previstos legalmente, desatendiendo las medidas para favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral que perseguía el Plan para la Bahía de Cádiz", concluía dicho informe.
El pasado mes de septiembre, el inspector ratificó el informe y precisó que el mismo abarca los aproximadamente 105 millones de euros dedicados a contrarrestar la clausura de la factoría de Delphi y no sólo los 33,3 millones de euros adjudicados por dicho concepto al grupo de empresas Prescal.
EL "COMPROMISO POLÍTICO" DE LA JUNTA
En cualquier caso, el inspector habría incidido especialmente en el tratamiento "ilegal" de las subvenciones, opinando que el consejero de Empleo que orquestó este sistema de ayudas, en este caso Antonio Fernández al ostentar dicho cargo entre 2004 y 2010, estaba "en concierto con las empresas para la simulación de los contratos". Y es que según el mencionado informe, las subvenciones a una serie de empresas para acciones de formación al colectivo de extrabajadores de Delphi se tradujo en "la simulación de una contratación laboral", para que pudiesen acceder a prestaciones.
El inspector incluso habría insistido en la idea de que las anomalías e incumplimientos normativos detectados fueron cometidos para consumar "los compromisos políticos de la Junta de Andalucía", opinando que los mecanismos articulados para las subvenciones del programa creado a cuenta del cierre de Delphi implican una "malversación" del dinero público. Además, habría mencionado ante la juez "sobresueldos y cobertura ilegal" a determinados afectados por el cierre de Delphi "en discriminación" de otros.
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