Exdirector de Trabajo denuncia nulidad de documentos "sustraídos" por acusada

Sevilla, 4 ago.- El ex director general de Trabajo de la Junta Daniel Rivera denunció, en su recusación de la juez que investiga los ERE, que la magistrada había dado credibilidad a la documentación aportada por otra imputada, pese a haber sido "extraída ilícitamente", lo que puede determinar su nulidad.

La recusación fue presentada el pasado 10 de julio y ha sido notificada ahora a las partes, y en ella el abogado de Rivera expone como posibles causas para que la juez Mercedes Alaya se aparte del caso de los ERE el hecho de que hubiese dado "carta de naturaleza" a la documentación aportada por la funcionaria María José Rofa a la Guardia Civil.

La funcionaria, que figura entre los 60 imputados por los ERE fraudulentos, extrajo esos documentos "ilícitamente de los correspondientes expedientes que se encontraban bajo su custodia a lo largo del desempeño de sus tareas en la Dirección General de Trabajo", y de los que no era destinataria o remitente, según la recusación.

Parte de esos documentos fueron utilizados en el interrogatorio a Rivera, el pasado 11 de julio, durante el cual la juez Alaya le imputó presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos por haber dado "forma y continuidad" a las ayudas instauradas por su antecesor en la dirección general, Javier Guerrero, encarcelado desde marzo.

El letrado de Rivera argumentó en su recusación que "la obtención de pruebas, presuntamente con incursión en delitos gravemente penados en el Código Penal", podría llevar a un "posible afloramiento de nulidades en la instrucción llevada a cabo".

Su escrito enumeró una veintena de textos aportados por Rofa a la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo, informes de la Junta o de los bufetes que intervenían en los ERE y varias notas manuscritas.

El escrito de recusación, al que ha tenido acceso Efe, reprochó que la juez hubiese admitido "sin ninguna acritud una documentación" y le hubiese concedido "unos efectos probatorios que, a priori y por la naturaleza de la procedencia (se trata de una coimputada) deberían ser cuestionados".

El abogado de Rivera, Pedro Apalategui, invocó el principio de los "frutos del árbol envenenado" y aseguró en su recusación que, según la ley de Poder Judicial, "no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violando los derechos o libertades individuales".

La juez Alaya rechazó todos los motivos de recusación, entre los que también se encontraba haber tardado en resolver los recursos contra la imputación de Rivera.

Respecto a la aceptación de las pruebas aportadas por Rofa, la juez recogió en su auto que esos documentos habían sido notificados a la defensa de Rivera en un auto de un mes antes, el 12 de junio y, por otra parte, Alaya dijo que si Rivera quería oponerse a la admisión de pruebas que consideraba ilegítimas, "desde luego el mecanismo procesal adecuado no es la recusación".