São Paulo, 16 abr.- El gobernador del Estado de Sao Paulo en 1992, Luiz Antonio Fleury Filho, justificó hoy ante un tribunal la entrada de la Policía en el presidio de Carandirú en ese año, que resultó en la muerte de 111 prisioneros, la mayor matanza carcelaria en la historia de Brasil.
Fleury Filho fue llamado a testificar por la defensa en el juicio contra 26 policías, acusados de matar a 15 detenidos ese día.
"La orden de entrada fue absolutamente necesaria y legítima. Sobre lo que sucedió allí dentro yo no puedo saber", aseveró el exgobernador.
Fleury Filho dijo que durante su Gobierno la decisión de ocupar una cárcel correspondía al secretario de Seguridad Pública, Pedro Franco, quien le indicó que la medida era necesaria.
"La responsabilidad política era mía, de nadie más, la responsabilidad criminal debe ser determinada por los miembros del jurado", añadió.
El propio Franco testificó tras la intervención de su exjefe que las autoridades temían que la revuelta se extendiera del pabellón 9 al pabellón 8 de Carandirú.
Franco dijo que autorizó al coronel de la Policía Militar que dirigió la operación, Ubiratán Guimaraes, a entrar en el presidio "si era necesario", una acción que él ahora considera "absolutamente incontestable".
Ambos testificaron ante un jurado compuesto por seis hombres y una mujer en el segundo día de un juicio que ha tardado más de veinte años en realizarse debido a la complejidad del caso y el alto número de víctimas y de acusados.
La Justicia procesará a un total de 79 policías en cuatro fases, dada la gran cantidad de acusados.
La matanza ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando 284 efectivos de la Policía Militarizada irrumpieron en la Casa de Detención de Carandirú en respuesta a una trifulca entre los detenidos.
En la audiencia de hoy, Fernando Antonio Torres García, quien era juez con competencia en los presidios en la época, testificó que Carandirú tenía capacidad para algo más de tres mil presos, pero estaba ocupada por más de siete mil.
El magistrado dijo que cuando la Policía intentó iniciar una negociación con los presos estos comenzaron a tirar objetos por las ventanas "lo que hizo inviable" el diálogo con ellos.
También compareció hoy Luiz Augusto San Juan França, otro juez con competencia carcelaria en la época, quien dijo que le impresionó la cantidad de armas blancas encontradas en el penal, aunque afirmó no haber visto armas de fuego, como alega la Policía.
"Después me enteré de que se hallaron 12 ó 13 armas (de fuego) entre los presos", añadió.
La Policía alegó que irrumpió en el lugar porque los detenidos tenían armas de fuego, a pesar de que los once agentes heridos fueron atacados con cuchillos y palos.
El exdetenido Antonio Carlos Dias, el primer testigo en el juicio, señaló el lunes que la Policía "puso armas en las celdas" como pruebas falsas.
Marco Antonio de Moura, otro exdetenido, relató que vio cómo uno de los agentes acusados mataba con golpes de porra a los presos que intentaban salir por un ascensor y por las escalas de emergencia.
Ningún agente ha cumplido sentencia por las 111 muertes. Guimaraes fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, aunque nunca entró en prisión, pues fue absuelto en una apelación en 2006.
Meses después fue asesinado en extrañas circunstancias dentro de su apartamento y su novia, la principal sospechosa, fue declarada inocente por falta de pruebas.
Además, el director de Carandirú durante los hechos, José Ismael Pedrosa, fue asesinado a tiros en 2005 después de votar en un referendo sobre la prohibición del comercio de armas de fuego en el país.
Las autoridades atribuyeron el crimen a la organización criminal de presos Primer Comando de la Capital (PCC), que tuvo sus orígenes en los presidios paulistas después de la matanza.
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