Exigen al Estado chileno mayor vigilancia sobre explotación sexual de menores

Santiago de Chile, 11 dic.- Las ONG chilenas Raíces y Paicabí, junto a representantes extranjeros entregaron hoy en Chile un informe sobre Explotación Sexual Comercial de Niños/as y Adolescentes (ESCNNA), en el que exigen al Estado un mayor seguimiento sobre la explotación comercial de menores de edad.

Según los promotores de la iniciativa, desde el año 2004 el Estado no realiza estudios sobre la realidad de este drama social, por lo que urge un mayor compromiso oficial.

El documento, presentado en la capital chilena este jueves, fue comentado por niños que integran el Consejo Consultivo de la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la municipalidad santiaguina de Quilicura.

"Cuando se comete un delito de este tipo se tiene que hacer una investigación que dura seis meses. Y ahí está el problema, porque el explotador queda en libertad", explicó Alex Ramírez miembro del Consejo Consultivo de la ODP, de 15 años.

Este informe además recoge la opinión de distintos actores de la sociedad civil involucrados con esta problemática y es patrocinado por la red mundial "End Child Prostitution, Child Pornography and Taffiking of Children for Sexual Purposes" (ECPAC).

La directora del centro de acogida sur de la ONG Raíces, Loreto Caro, explicó que "cada país a través de los representantes ECPAC generó un informe y hoy se lanzó este documento en la mayoría de los países de América Latina".

Según un estudio realizado en 2004 por el Servicio Nacional de Menores (SENAME) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 3.719 menores de edad eran entonces víctimas de explotación sexual comercial en Chile.

"Estamos hablando de 10 años de no saber qué ha ocurrido. Esto es relevante no solo para conocer el problema, sino que para poder tomar decisiones desde las políticas públicas y desde el marco de acción", añadió Caro.

Las principales recomendaciones al Estado que se explican en el informe son la implementación de políticas y planes de acción; la información, prevención y sensibilización; la persecución y sanción del delito, y protección de las víctimas, entre otros.

El documento plantea, además, la necesidad de evaluar con expertos la tipificación de la explotación sexual comercial como delito específico y las estrategias para disminuir la impunidad de los imputados por estos casos, que a veces son condenados por delitos relacionados, abuso sexual o violación.

Asimismo, plantea que se debe dotar de mayores recursos a los programas de reparación del daño para las víctimas de explotación sexual comercial.

Al respecto, Caro señaló que "es necesario hacer un llamado al Estado para la asignación de recursos para poder atender a las víctimas. Hay un déficit y un desafío importante que muestra este informe".

Esta publicación se realizó con la asistencia económica de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI), La Fundación Oak e Irish Aid.

Asimismo, el informe fue compilado por la ONG Raíces y la ONG Paicabí, los grupos ECPAT en Chile, e Iria Retuerto Mendaña, como responsable de la investigación.