Expresidente hondureño Zelaya denuncia sobornos en Congreso por elección de jueces

  • El depuesto expresidente de Honduras Manuel Zelaya denunció este martes ante la fiscalía que al menos ocho diputados fueron sobornados por el gobierno para escoger a los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

"Como el gobierno (del presidente derechista Juan Orlando Hernández) no reúne los votos necesarios para lograr el consenso en la elección de la Corte Suprema, y lo digo con pruebas, se ha dedicado a comprar los votos", declaró Zelaya a periodistas frente a la sede del Ministerio Público.

Precisó que "hay cheques de hasta medio millón de lempiras (22.000 dólares) que pueden proceder del crimen organizado o de cualquier institución del Estado manejados a través de organizaciones no estatales. Eso genera sospechas de una colusión en el Congreso".

Dijo que presentó pruebas a la fiscalía del supuesto soborno.

El exmandatario reveló que entre los favorecidos están el congresista de la Democracia Cristiana Augusto Cruz Ascensio, y por lo menos cuatro diputados que estuvieron en el Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado por Zelaya tras el golpe de Estado que lo expulsó del poder en junio de 2009.

Cruz Ascensio se defendió de lo aseverado por Zelaya a quien acusó de "intentar esconder una verdad para buscar objetivos muy particulares", que no detalló.

Agregó que "el dinero me lo entregaron por trabajos realizados a la Asociación Nacional de Productores", sin precisar de qué se trata esa asociación.

La denuncia surge en momentos en que la Corte Suprema enfrenta una grave crisis desatada en diciembre de 2012, cuando Hernández (entonces presidente del Congreso) destituyó a cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional por rechazar al menos ocho de sus iniciativas políticas. En su lugar designó a abogados afines.

Esa determinación provocó fuertes reacciones de la oposición, que desde entonces acusa a Hernández de pretender quedarse en el poder por segundo período consecutivo en los comicios generales de 2017, pese a que la reelección presidencial está prohibida por la Constitución de 1982.

Entre tanto, el Congreso no ha nombrado a los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema para reemplazar a los que el 25 de enero concluyeron su período de siete años, lo que partidos opositores atribuyen a intentos de Hernández de imponer a sus candidatos.

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