San José, 5 feb.- La familia del activista de derechos humanos Florentín Gudiel Ramos, asesinado en 2004, pidió hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia por la supuesta falta de medidas de protección del Estado de Guatemala.
El caso presentado ante la CorteIDH se remonta al 20 de diciembre del 2004, cuando Florentín Gudiel fue encontrado muerto con disparos de arma de fuego, crimen cometido por personas que todavía no han sido identificadas.
La hija del activista, Makrina Gudiel, brindó sus declaraciones a los jueces sobre los hechos ocurridos en 2004, en las que enfatizó las constantes amenazas que vivió su papá y, luego de su muerte, su familia, por ser un defensor de los derechos humanos.
Según la demanda, el activista de derechos humanos había recibido amenazas de muerte en noviembre del 2003 por una persona conocida por la familia como un ex "kaibil" (grupo de elite) del Ejército de Guatemala.
La demanda indica que el Estado "tuvo conocimiento" de que Gudiel se encontraba "bajo amenaza" porque su hija lo había denunciado, sin embargo, "no se adoptaron las medidas de protección necesarias frente a un riesgo que se materializó en el asesinato".
Florentín Gudiel fue miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y líder comunitario, se destacó por su lucha por la defensa de los derechos humanos y la realización de acciones en pro del desarrollo de su comunidad, acciones que luego le permitieron recibir un galardón en 2002 como héroe anónimo, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Comisión Interamericana, que se encarga de elevar los casos a la CorteIDH, afirma que la situación de impunidad del caso deja a su familia en "indefensión, riesgo e injusticia".
Por su parte, el Estado guatemalteco presentó al fiscal encargado de llevar el caso durante esos años, Marco Tulio Escobar, para que diera su testimonio.
Escobar aseguró que desde la fiscalía se tenían varias hipótesis sobre el asesinato de Florentín Gudiel, entre las cuales se presumía que podía haber presenciado el crimen de un joven.
La CorteIDH escuchó hoy en la audiencia a testigos, peritos y los alegatos finales de las partes relacionadas con el caso.
Las partes tienen un mes para presentar los alegatos finales por escrito y a partir de allí los jueces estudiarán la posibilidad de dictar una sentencia, para lo cual no tienen plazo límite.
La CorteIDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios