"No es justo que gente inocente muera", dice la misiva, difundida por la organización internacional Artículo 19, que vela por la libertad de prensa, en la que se demanda "esclarecer el caso hasta las últimas consecuencias".
Junto con Espinosa fueron asesinadas cuatro mujeres, una de ellas activista de derechos humanos y otra de nacionalidad colombiana, en un apartamento de Ciudad de México, un crimen que impactó al país y a organizaciones internacionales como la ONU.
La fiscalía capitalina no ha dado ninguna explicación sobre los motivos del multihomicidio y ha detenido a un sospechoso.
La última vez que la familia de Espinosa hizo un pronunciamiento público fue el 3 de agosto durante el emotivo entierro del fotorreportero, de 31 años.
Al pie de la tumba su hermana destacó aspectos de la personalidad del "valiente" joven, que en junio huyó por amenazas del violento estado de Veracruz (este), donde trabajó ocho años.
En la carta, los familiares piden que "se sigan las líneas de investigación relacionadas con la labor periodística de Rubén, el activismo de Nadia (Vera, la activista asesinada), siendo estos ejes fundamentales para garantizar el derecho a la justicia".
También denuncian la "ola de violencia contra la prensa y las voces críticas" en México.
Durante un evento público el miércoles, Peña Nieto se comprometió a fortalecer el criticado mecanismo de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas en el país.
"He dado instrucciones a la secretaría de Gobernación (ministerio del Interior) para seguir fortaleciendo el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas", señaló el mandatario al inaugurar una conferencia nacional de fiscales en Ciudad de México.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con 89 reporteros asesinados y 17 desaparecidos desde el año 2000, según Reporteros Sin Fronteras.
Veracruz (este) es el estado mexicano más inseguro para la prensa, con una docena de comunicadores asesinados desde 2010, cuando asumió el gobernador Javier Duarte, del oficialista PRI.
El propio Duarte ha prestado declaración en la investigación del multihomicidio del 31 de julio, del cual se deslindó completamente.
Actualmente, el cuestionado mecanismo da protección a 419 personas (247 defensores de derechos humanos y 172 periodistas) y ha sido duramente criticado por su ineficacia por organizaciones a favor de la libertad de expresión y, recientemente, por unos 500 intelectuales del mundo, que escribieron una carta abierta al presidente mexicano pidiendo un cese de la "censura a tiros" en México.
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