Fiscal avisa que la plantación requiere el aval de la Agencia del Medicamento

Barcelona, 22 mar.- La Fiscalía ha advertido hoy de que la plantación de cannabis aprobada por el Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) deberá ser autorizada por la Agencia Estatal del Medicamento y cumplir varios requisitos legales, como no producir excedentes ni venderse a terceras personas.

En una comparecencia en la comisión de Justicia del Parlament, la fiscal superior de Cataluña, Teresa Compte, y el fiscal provincial de Tarragona, Xavier Jou, se han referido así a las diligencias que mantienen abiertas por el acuerdo que ha firmado el Ayuntamiento de Rasquera con la Asociación Barcelonesa de Autoconsumo para plantar cannabis en terrenos de particulares del municipio.

A raíz de una pregunta formulada por el diputado de ICV Salvador Milà, Jou ha precisado que la ley ampara el cultivo de cannabis para el autoconsumo en ciertas circunstancias, pero ha condicionado la legalidad de la plantación de cannabis proyectada en Rasquera a la obtención de la preceptiva autorización administrativa de la Agencia Estatal del Medicamento.

"Entonces se podría hablar de consumo legal, si no, habría que plantearse algo", ha alertado el fiscal de Tarragona.

Xavier Jou ha recordado que el consumo compartido de estupefacientes no constituye delito pero debe cumplir varios requisitos establecidos por la ley: llevarse a cabo en un lugar cerrado, sin contraprestaciones especulativas y sin riesgo de difusión a terceras personas.

También la fiscal superior ha insistido en condicionar la legalidad de la plantación de cannabis a la inexistencia de un excedente y la ausencia de ánimo de lucro por parte de sus promotores, así como a la necesidad de identificar a los consumidores de la droga.

Según Teresa Compte, la Fiscalía "irá definiendo" su posición en relación a la controvertida plantación conforme el caso vaya evolucionando y se pueda determinar el destino de la plantación de Rasquera.

De todas formas, ha destacado que esos cultivos no necesariamente por ser ilegales constituyen delito, ya que también pueden ser objeto de persecución administrativa sin que comporten un ilícito penal.

En ese sentido, ha recordado que las otras administraciones que están investigando las condiciones de la plantación de Rasquera "pueden seguir su trayectoria" sin necesidad de atenerse a las decisiones que adopte la Fiscalía, ya que tienen la potestad de impugnar el acuerdo de un pleno municipal.