La fiscal del 'caso espías', que investiga seguimientos a cargos políticos del PP enfrentados dentro del propio partido con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no ve probado el espionaje y este lunes en el juicio ha pedido la absolución para los seis acusados. En la vista que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid la acusación, ejercida por el PSOE, ha reclamado cuatro años para el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón, tres para el exsubdirector Miguel Castaño y dos para los otros cuatro acusados, tres guardias civiles y un técnico de la Administración regional.
El abogado de la Comunidad, por su parte, ha pedido diversas penas de multa para los acusados por delito de malversación de fondos públicos para fines ajenos a su función al estimar acreditados los seguimientos que ha calificado de "desvergüenza total" y ha pedido al jurado un "veredicto duro".
Para la fiscal, sin embargo, "no hay ninguna prueba" ni de que los acusados cometieran tal malversación ni dicho espionaje entre marzo y mayo de 2008 a políticos del PP como el exvcepresidente de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo.
A juicio de la fiscal la investigación ha partido de informaciones periodísticas de El País no contrastadas sobre unos partes de seguimientos cuya procedencia se desconoce y que no hay que descartar que pudieran ser llevados a dicho medio de comunicación con un "móvil espúreo".
Para la fiscal no tiene sentido que dichas personas, Prada y Cobo, fueran espiadas porque como testificó la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "eran públicas y notorias sus afinidades políticas". Ha añadido que los supuestos espiados tenían en esa época escoltas y contravigilancia policial ante la amenaza terrorista y no es lógico que no sospecharan del espionaje del que supuestamente estaban siendo objeto.
La fiscal ha recordado además que el instructor de las pesquisas en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Jaime Barrado, denunció en su declaración como testigo "manipulación en la investigación". Jaime Barrado denunció "cortapisas" que sufrió para investigar "más arriba" por el espionaje en 2008 a políticos del PP , así como "irregularidades" de los entonces responsable de la UDEF, José Luis Olivera, y fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La fiscal ha aclarado, no obstante, que su criterio desde el principio fue el mismo que el de Manuel Moix es decir que no había pruebas ni indicios para sentar a nadie en el banquillo por esta supuesta malversación.
Piden la anulación del procedimiento
Por su parte la defensa de Gamón y Castaño ha pedido la absolución de ambos por la nulidad de la prueba obtenida en este procedimiento. Los abogados de los demás acusados han solicitado la anulación del procedimiento y la disolución del jurado para que se dicte una sentencia absolutoria sin necesidad de veredicto por la nulidad de la pruebas, a raíz de las nuevas revelaciones realizadas en la vista por el excomisario de la UDEF Jaime Barrado, además de que se abra una investigación para depurar responsabilidades.
Uno de los letrados defensores, Ramón González Bosch, ha estimado que "este procedimiento solo beneficia al PSOE y al PP", que a su juicio no han hecho nada para esclarecer la verdad, y ha apostillado: "En las guerras no mueren los generales sino los soldados y los generales aquí no están ni se les espera" en referencia a los altos cargos del PP. Por eso ha atribuido "mala fe procesal" a las acusaciones ejercidas por la Comunidad de Madrid y el PSOE.
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