Fracasa la ponencia redactora de la ley electoral de Cataluña

Barcelona.- La ponencia parlamentaria encargada de redactar una ley electoral de Cataluña ha certificado hoy, en su décima reunión, su rotundo fracaso, ante la imposibilidad de los partidos catalanes de encontrar un mínimo denominador común alrededor del sistema de reparto de escaños.

Después de que la semana pasada los 14 miembros de la ponencia se emplazasen a la reunión de hoy para intentar por última vez alcanzar un acuerdo sobre el modelo de distribución de escaños, finalmente la negociación no ha llegado a buen puerto, pues CiU se ha negado a que las comarcas de Tarragona, Lleida y Girona pierdan peso electoral en favor de una mayor proporcionalidad, que beneficiaría a Barcelona.

La actitud de CiU le ha valido la crítica del resto de partidos, incluida una ERC también favorable a defender la representación de los territorios menos poblados, que han culpado a la federación nacionalista de haber bloqueado la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para aprobar una ley electoral.

Los representantes de los seis grupos parlamentarios catalanes han decidido pues dar por finiquitada la ponencia y han renunciado incluso a aprobar una ley electoral parcial que incluyese medidas novedosas sobre la transparencia, el gasto de las campañas y la creación de una Sindicatura Electoral catalana.

El único resultado tangible de la ponencia será un informe final sobre los trabajos realizados, que confeccionarán los letrados de la cámara a partir de los documentos de conclusiones que aportarán la próxima semana los seis grupos parlamentarios.

La ponencia se constituyó el pasado 20 de noviembre y se dio un máximo de tres meses para explorar las posibilidades de acuerdo pero no ha hecho falta consumir todo el plazo para llegar a la conclusión de que no será posible consensuar la primera ley electoral catalana, pese haber asistido esta vez al intento más decidido de redactarla.

Desde las primeras elecciones de 1980, Cataluña se rige por un sistema electoral fijado en una disposición transitoria del Estatut de 1979, que se basa en el modelo electoral español y que en 30 años de democracia aún no ha sido sustituido por una ley electoral específica.

A primera hora de la mañana se ha reunido un grupo reducido de ponentes para buscar, a la desesperada, un acuerdo sobre el sistema electoral, pero la sesión, que ya se había anunciado como la última, ha sido improductiva al no hallarse una fórmula para compatibilizar una mayor proporcionalidad del voto, que primaría a Barcelona, y un reconocimiento al peso electoral de Tarragona, Lleida y Girona.

En una última intentona para generar consenso, tripartito y C's han propuesto asumir de cabo a rabo las propuestas planteadas en 2007 por un comité de expertos, a petición del Departamento de Gobernación, pero CiU y PP se han opuesto, por motivos distintos.

El 'sí' de CiU al documento de los expertos habría bastado para tirar adelante la ley con más de los 90 diputados necesarios de los 135 que conforman el Parlament, pero Lluís Corominas y Josep Maria Pelegrí, representantes de CiU, lo han desestimado al considerar que el nuevo modelo habría mermado la representación territorial en beneficio de la región metropolitana de Barcelona.

La clave del desacuerdo radica en el número de diputados que se preasignarían a cada circunscripción: los expertos proponían asignar de entrada dos escaños a cada veguería, para asegurar la presencia de los territorios menos poblados, pero CiU pretendía reforzar esta representatividad territorial con más escaños preasignados para las veguerías periféricas y contemplar, además, una circunscripción más para el Penedès.

Rotas ya las negociaciones sobre el modelo, se ha reunido brevemente el pleno de la ponencia para oficializar su clausura.

A la salida de la reunión, celebrada en una de las salas del Parlament, los ponentes, visiblemente contrariados, han explicado sus puntos de vista en sucesivas ruedas de prensa, en las que se han dedicado a acusarse mutuamente del desacuerdo.