Madrid, 24 may.- La asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria ha reclamado hoy al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, una "especial prudencia" en sus manifestaciones y el "máximo rigor" en sus juicios de valor, como los que expresó ayer sobre la juez del caso de los ERE.
Moliner dijo este jueves en Sevilla que no ve "normal ni aceptable" que algunos imputados en el caso de los ERE irregulares lleven tres años sin declarar ante la juez, aunque "de momento" no ve motivo para expedientar a la instructora, Mercedes Alaya.
En un comunicado, la asociación Francisco de Vitoria ha recordado que el presidente del CGPJ está, en las últimas semanas, haciendo "diversas manifestaciones a título personal que pudieran influir en la labor de los jueces de instrucción".
Se refiere, en primer lugar, a su valoración de lo que "pudiera ser delito y qué no" en el caso de los escraches y ahora "'evaluando' la duración de una instrucción indudablemente muy compleja y las diligencias que a su juicio deben practicarse, con expresa advertencia de 'tomar medidas' indeterminadas".
La asociación judicial recuerda a Moliner que es la cuarta autoridad del Estado y que, como tal, debe ser prudente y riguroso en sus juicios, "sobre todo cuando los mismos versan sobre asuntos concretos que están o pueden estar 'sub iudice', por respeto a la institución que representa y a la constitucional independencia judicial, de la cual debe ser el primer garante".
Las diligencias de un sumario son secretas hasta la apertura de juicio oral, según Francisco de Vitoria, que quiere manifestar su "sorpresa" por el hecho de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial "exprese públicamente datos de uno de ellos y cuestione públicamente la labor de la juez de instrucción".
También la asociación ha expresado su sorpresa por el hecho de que Moliner haya afirmado que "no le consta" que una juez "esté actuando de modo inadecuado y que la misma sufre una sobrecarga de trabajo y, al mismo tiempo, realice consideraciones paralelas sobre eventuales responsabilidades disciplinarias".
Y ello, ha añadido, pronunciándose en unos términos que considera "verdaderamente inquietantes e inaceptables cuando provienen precisamente de quién estaría llamado a participar en la decisión de un eventual expediente disciplinario que, a día de hoy, no existe".
La asociación judicial considera "terriblemente" dañinas para el Estado de derecho estas actuaciones por parte de quien "con sus expresiones publicas pudiera influir, interferir o presionar en el fondo o en la forma de resolver determinados asuntos sensibles a la clase política, de la cual proviene su nombramiento".
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