Fuerzas Armadas están acuarteladas en Paraguay tras ataque de grupo armado

Asunción, 23 sep.- Las Fuerzas Armadas de Paraguay fueron acuarteladas y dispuestas para apoyar a la Policía en el norte del país tras el asesinato de dos policías en un ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), anunció hoy en Asunción el vicepresidente del país, Federico Franco.

Según la agencia oficial IP Paraguay, Franco, en ejercicio de la Presidencia, hizo el anuncio tras una reunión con mandos militares en la sede del Comando en Jefe, en ausencia del jefe de Estado, Fernando Lugo, que se trasladó de EE.UU., donde participó de la asamblea de la ONU, a Brasil para un nuevo chequeo del cáncer que le fue detectado hace un año.

Los militares "están en ese objetivo de devolver la garantía y terminar con estos criminales que están causando tremendo daño a la imagen y a la tranquilidad del país", afirmó Franco, que el jueves recorrió la zona donde se produjo el ataque.

El hecho se produjo cerca de la medianoche del miércoles contra la subcomisaría del poblado de Capitán Giménez, a las afueras de la ciudad de Horqueta, a 400 kilómetros al norte de Asunción, y dos agentes murieron acribillados.

Los otros cuatro uniformados de su dotación no se encontraban en el puesto policial en momentos de la incursión armada.

A la zona también se desplazó el ministro de Interior, Carlos Filizzola, que responsabilizó del ataque, perpetrado por siete u ocho hombres, al EPP, un grupo armado de izquierda que opera en áreas boscosas del departamento de Concepción.

Filizzola señaló que esa agrupación no está estructurada por diez o más miembros, sino por "un potencial mucho mayor" que opera desde hace diez años en esa región de extensas haciendas ganaderas con apoyo de lugareños por temor o afinidad ideológica.

La muerte de los agentes se sumó al ataque con explosivos registrado el lunes por la noche contra la sede de la Fiscalía de Horqueta, a 70 kilómetros al oeste de Concepción, la capital departamental, sin causar daños personales.

Las autoridades le atribuyen al EPP sonados casos de secuestros, ataques a puestos policiales y haciendas agrícolas, además de vínculos con la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los delitos perpetrados por ese grupo armado obligaron al Gobierno a declarar, el 24 de abril de 2010, el estado de excepción durante 30 días en cinco provincias del noreste del país y a militarizar esas regiones en busca de sus miembros.

Aunque las operaciones militares concluyeron sin la captura de los cabecillas de la banda, por quienes el Gobierno ofrece recompensas, meses después cuatro de sus dirigentes murieron en choques con la Policía.