Funcionarios autonómicos: de la envidia a la incertidumbre

Inmaculada López Varona.

Madrid, 23 jun.- Los funcionarios autonómicos han pasado en unos años de ser un colectivo de los más envidiados por el resto de ciudadanos, dada la seguridad en su trabajo y sus sueldos, a estar en el punto de mira de las administraciones para los recortes, empezando por las instituciones europeas, lo que les ha llevado a la incertidumbre.

El colectivo, que supera 1,3 millones de personas y supone más del 50 % del total de empleados públicos de España, afronta 2012 con la disyuntiva de tener que trabajar más horas por menos sueldo, lo que se ha traducido en frecuentes movilizaciones.

Aunque no es lo mismo trabajar en el País Vasco, de las comunidades donde menos han variado las condiciones, a en otras como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde a la normativa estatal añaden la propia, más dura aún.

Así se desprende de los datos ofrecidos por los gobiernos regionales, todos salvo Extremadura y Cantabria, que, en general, prevén una reducción en los ingresos y complementos de estos trabajadores, así como de sus plantillas, y un aumento del horario.

En el País Vasco, el año pasado había 41.664 trabajadores autonómicos y éste 43.006, sin contar los del Servicio Vasco de Salud ni los de las sociedades públicas.

El Gobierno vasco justifica el aumento por la incorporación del Servicio de Empleo y personal transferido desde la Administración central.

Aunque la mayoría de las autonomías no han convocado oposiciones para este año, Euskadi ha hecho una oferta pública de empleo en Sanidad, para cubrir 2.600 plazas, y en Educación, 531.

Este año y el pasado no se les ha bajado el sueldo, aunque sí en 2010, el 5 %, y en 2009 hubo congelación.

En la Generalitat de Cataluña trabajan 165.073 funcionarios, interinos y laborales, aunque si se suman los de las empresas públicas y del sector concertado se elevan a 500.000.

Entre las medidas de ahorro acordadas por el Ejecutivo de Artur Mas destaca la reducción de jornada y del sueldo, un 15 %, para los interinos, y de un 5 % en el sueldo anual de los trabajadores de la Generalitat, rebaja que podría extenderse a los dos próximos años.

Los funcionarios catalanes han visto modificada su jornada y los horarios, y soportado cambios de adscripción de puestos de trabajo, además de la supresión de algunas ayudas, como las de la comida, y la reducción del número de días de libre disposición.

El Instituto Catalán del Suelo planteó un ERE para despedir a 203 de 496 empleados, medida que estiman se extenderá a otras empresas públicas.

Del recorte previsto en Andalucía de 2.500 millones de euros, más de 750 saldrán de recortes salariales, un 7,5 % en el caso de los altos cargos, y la Junta se ha comprometido a que ningún empleado público perciba menos de mil euros por jornada completa.

Entre otras medidas, se ha establecido un tope máximo del 10 % para disminuir la jornada laboral y las retribuciones del personal temporal, frente al 15 inicialmente planteado.

Madrid tiene más de 180.000 trabajadores autonómicos y ha previsto una tasa de reposición igual a la estatal, del 10 %, por lo que convocará 149 plazas de maestro, prevé 2.500 puestos en sanidad, de ofertas anteriores, y 79 de bomberos.

El año pasado, a los funcionarios madrileños les bajaron el sueldo un 5 % y este año será de entre el 1,8 % y el 3,5 %.

En Canarias hay 61.867 empleados públicos, que verán rebajados sus sueldos una media del 5 %.

Castilla-La Mancha, que tiene congelada la oferta pública para este año, verá rebajar los salarios de sus empleados públicos -1.648 menos que en 2011- en un 3 %, además de otras reducciones en los complementos, medidas con las que la Junta ahorrará unos 100 millones de euros.

Además del aumento de horas, como en casi todas las comunidades, los profesores pueden ser desplazados a cualquier otro punto de la región, y los sanitarios han visto reducir lo que cobran por las guardias en un 15 %.

Éstas y otras medidas mejorarán las cuentas autonómicas en 455 millones de euros, lo que provocará la pérdida de "no menos de 10.000 ó 12.000 empleados públicos" en la región, según los sindicatos.

En Aragón son unos 44.000 los empleados públicos. Este año no habrá oferta pública de empleo, aunque se convocarán plazas pendientes de años anteriores.

Además, el Ejecutivo que preside Luisa Fernanda Rudi ha puesto en marcha un plan de reestructuración del sector público que sí implica la bajada de sueldo de los directivos de sus empresas.

Galicia cuenta con una plantilla de 86.377 trabajadores públicos, 1.535 menos que en 2011, que deberán afrontar una ley de medidas temporales -reducción de jornadas, descuentos en las bajas médicas o retirada de beneficios sociales-, lo que supondrá una rebaja de 80 millones de euros anuales en gastos de personal.

La Comunidad Valenciana no tiene previsto incorporar nuevo personal, y el actual deberá asumir una serie de medidas extraordinarias que van desde la congelación salarial a reducciones del 50 % en complementos.

En Castilla y León se ha reducido la plantilla en casi 800 personas desde 2010 hasta llegar a los 87.055 actuales y tampoco está prevista la oferta de empleo, ni cubrir las jubilaciones, salvo en casos de necesidad urgente. Así, más de 400 profesores interinos no verán renovados sus contratos para el próximo curso.

En Navarra, cerca de 27.000 personas trabajan en el Gobierno foral y las administraciones locales, y ha habido un incremento del número de empleados públicos entre 2006 y 2011 de casi el 14 %.

La última normativa aprobada incluye importantes modificaciones para el colectivo, como la supresión de la paga por variables en el mes de vacaciones o la ayuda familiar para el cónyuge o pareja estable que no perciba ingresos.

Todo ello con el propósito de ahorrar unos 25 millones de euros. Los sindicatos han denunciado recortes de entre el 15 y el 25 % en la cobertura de jubilaciones en sanidad.

Los sanitarios y los docentes son, en general, los más afectados por los recortes provocados por la crisis, también en Baleares, que prevé el cierre de dos hospitales en Mallorca y el aumento de la jornada laboral para conseguir un ahorro en nóminas de 70 millones de euros en 2012.

La plantilla en La Rioja es de unos 10.400 trabajadores públicos, que tienen los sueldos congelados. Con ésta y otras medidas de austeridad, el Gobierno regional prevé ahorrar unos 3 millones de euros.

En Murcia los ajustes afectan especialmente a las guardias de médicos y enfermeros y al personal docente, por la ampliación de horarios, en tanto que en Asturias hasta ahora no ha habido bajada de sueldos para sus 36.000 trabajadores.

Desde 1979 y hasta ahora, el Gobierno central ha hecho 1.978 traspasos de competencias a las comunidades, con un coste de 25.178 millones de euros y una transferencia de 821.357 funcionarios, según los últimos datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

Cifra que se ha incrementado notablemente con las ofertas de empleo de cada región, hasta llegar a 1.347.835 empleados públicos en julio de 2011, el 50 % del total de funcionarios.