Gallardón eliminará que partidos políticos y sindicatos no tengan responsabilidad penal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hoy su intención de eliminar la excepción legal que exime a los partidos políticos y los sindicatos de responsabilidad penal.
Gallardón avanzó esta iniciativa durante una interpelación urgente en el Congreso de los Diputados que le había formulado la portavoz de UPyD, Rosa Díez, sobre la corrupción política.
Díez pidió expresamente a Gallardón que suprima el "privilegio injustificado" con el que cuentan los partidos políticos y los sindicatos al no poderles imputar una responsabilidad penal.
Gallardón recogió de inmediato la propuesta y la hizo suya. "Le digo rotundamente sí, tiene usted toda la razón. No es de recibo ni que los partidos ni los sindicatos estén exceptuados de responsabilidad penal", sentenció.
El ministro defendió que tanto partidos políticos como sindicatos deben "ser tratados en el Código Penal exactamente igual que el resto de las organizaciones jurídicas" y prometió incorporar esta idea al Código Penal en la reforma que está preparando su departamento.
Por su parte, Rosa Díez agradeció profundamente el gesto de Gallardón, convencida de que la legislación actual "carece de sentido" y "no contribuye en absoluto" a luchar contra la corrupción.
Señaló que los partidos y los sindicatos "no dejan de ser entidades asociativas de tipo privado", por lo que no merecen un trato diferente al del resto de organizaciones.
En cambio, Gallardón rechazó otras dos propuestas de UPyD para que los dirigentes políticos imputados en procesos judiciales estén obligados a abandonar sus cargos y tengan prohibido presentarse a procesos electorales.
El ministro se opuso a esta tesis de Rosa Díez dado que la figura de imputado busca garantizar la legítima defensa de los implicados, con total respeto a la presunción de inocencia.
Gallardón advirtió de que, si se aceptase ese supuesto, cualquier particular podría impedir que un político se presentara a las elecciones con el mero hecho de registrar una querella contra él poco antes de una cita con las urnas, ya que el juez se vería obligado a admitirla a trámite y citar al acusado como imputado para ejercer con plenas garantías su derecho a la defensa.
No obstante, el ministro abrió la puerta a que sí pueda ocurrir cuando el proceso judicial se encuentre más avanzado. En este sentido, la dirigente de UPyD aplaudió que pudiera hacerse cuando los imputados ya se encuentren inmersos en un juicio oral.