Gibraltar denuncia ante la ue las medidas fronterizas de españa

El Gobierno de Gibraltar ha comunicado a la Comisión Europea su "preocupación" por el mecanismo habilitado por España para facilitar el tránsito de trabajadores entre los dos lados de la frontera, por entender que genera "derechos y privilegios especiales" para un tipo de ciudadano respecto a otros.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español anunció la semana pasada la puesta en marcha de un corredor para agilizar el paso de trabajadores que diariamente cruzan la frontera.
Gibraltar entiende que otros ciudadanos, como turistas, niños, ancianos o enfermos, no tendrán esos derechos que España pretende establecer solo para los trabajadores.
Alerta, además, de que el sistema "no es viable en la práctica, puesto que implicaría la creación de un carril rojo para vehículos en el lado gibraltareño que se prolongase hacia atrás más allá del bucle y, en ocasiones, a lo largo de Winston Churchill Avenue y Devil’s Tower Road". "Obviamente", dice Gibraltar, "esto no va a ocurrir".
Las autoridades gibraltareñas emplazan a España a habilitar carriles verde y rojo de acuerdo a las prácticas internacionales, y denuncian que los retrasos en el flujo de tráfico se generan por "controles exhaustivos sin un objetivo claro, más allá de dificultar la vida de las personas" que cruzan la frontera.
Gibraltar denuncia "continuos retrasos políticamente motivados" y explica que ha informado a la Comisión Europea de que diversas organizaciones de trabajadores y empresas, de ambos lados de la frontera, han expresado su preocupación por ello.
Así, precisa que han entrado los datos del mes de julio, que demuestran una cola de salida hacia España todos los días del mes, excepto el 1 y el 2, el primero coincidente con la visita del ministro británico para Europa y el segundo con una visita de los inspectores de la UE.
Estos hechos, asegura Gibraltar, refuerzan su postura respecto al establecimiento de un puesto de vigilancia permanente de la Unión Europea en la frontera.
Indica, además, que la Comisión Europea ya dijo en una carta enviada a España el pasado mes de noviembre que la intensidad de los controles era "injustificable y debería verse reducida".