Buenos Aires, 15 ago.- El Gobierno de Argentina defendió hoy su decisión de denunciar a la filial local de la empresa gráfica estadounidense Donnelley para que se le aplique la ley antiterrorista.
El jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich, dijo hoy en una rueda de prensa que la compañía, que se declaró en quiebra, incurrió en "una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude".
Este jueves, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que el Ejecutivo había denunciado penalmente a la empresa, dedicada a la impresión de revistas, por presunta "alteración al orden económico y financiero", en supuesta violación a la ley antiterrorista, aprobada en 2011.
La filial de Donnelley pidió hace una semana su quiebra, cerró el lunes último su planta en la localidad bonaerense de Garín y dejó en la calle a unos 400 trabajadores.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, Fisco) solicitó además a la Justicia que revoque el auto de quiebra de la compañía y se investigue el delito de defraudación.
"Si una declaración de quiebra entra un viernes a un juzgado y sale el lunes y los directivos que estaban antes cambiaron el directorio y se fueron antes, si el balance de la empresa determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y equipamiento, lo que está promoviendo es una conducta alevosa, sospechada de conducta fraudulenta", dijo hoy Capitanich.
El jefe de Gabinete sostuvo que lo que la ley antiterrorista "pretende es penalizar las conductas perversas que afectan el normal desenvolvimiento de la vida social en comunidad".
Señaló que el "Ejecutivo, a través del organismo competente, lo que hace propiciar la denuncia penal" y que la aplicación de la norma corresponderá a la Justicia.
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