Gobierno argentino evaluará estado de salud de imputados por lesa humanidad

  • Los ministerios de Justicia, Salud y Defensa de Argentina firmaron hoy un convenio para crear una comisión que revise los antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

Buenos Aires, 29 jul.- Los ministerios de Justicia, Salud y Defensa de Argentina firmaron hoy un convenio para crear una comisión que revise los antecedentes médicos de imputados, procesados o condenados en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

"Tenemos la directiva de la presidenta de conformar una comisión médica asesora entre los tres ministerios para que evalúe el estado de salud de cada uno de los internos asistidos en centros de salud militares", informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en un comunicado.

El informe de dicha comisión será presentado a la Justicia para determinar si dependiendo de sus antecedentes médicos, los condenados deben recibir atención médica en centros asistenciales de alta complejidad, pueden ser atendidos en hospitales cercanos a las cárceles o incluso en las mismas unidades penales correspondientes.

Rossi subrayó que "adoptamos la resolución de no aceptar dentro de hospitales militares la atención de aquellos que estén condenados por delitos de lesa humanidad, ya sea en el caso de hospitalización o tratamiento ambulatorio, para evitar situaciones como la que se produjo la semana pasada", en alusión a la fuga de dos exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad.

El pasado día 25, el ex mayor Jorge Olivera, condenado en la provincia de San Juan a cadena perpetua, y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, escaparon cuando iban a recibir atención médica en el hospital militar central, en el barrio porteño de Palermo.

Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.

El Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos (unos 370.000 dólares) "destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención".

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