Buenos Aires, 27 nov.- El Gobierno argentino pidió hoy que se impulse un juicio político por presunto mal desempeño contra el juez que encabeza la investigación por supuestas irregularidades en la empresa hotelera de la presidenta argentina, Cristina Fernández.
El secretario de Justicia argentino, Julián Álvarez, realizó una presentación ante el plenario del Consejo de la Magistratura (órgano que evalúa la actuación de los jueces) para que se investigue el proceder del juez federal Claudio Bonadío.
"Solicitamos el juicio político", expresó Álvarez en su exposición, quien en su condición de funcionario del Ministerio de Justicia es también miembro del Consejo de la Magistratura.
"Estamos denunciando el accionar coercitivo de Claudio Bonadío", dijo Álvarez, para quien la actuación del magistrado "es indignante" y demuestra una "conducta reprochable" cada vez "que se siente amenazado".
"Bonadío utiliza las causas judiciales como utiliza la (pistola) Glock que tiene en su casa. Claudio Bonadío es un extorsionador y todos los que estamos en política, todo el Poder Judicial, sabe de sus acciones", expresó en declaraciones al canal C5N tras su intervención.
Según el secretario, el juez además "extorsiona" y "avasalla" al Consejo "para que no avance las 10 causas por destitución que tiene ahora, de un total de 69 que tuvo en su historia", con cero sanciones.
"Es el juez de la servilleta, un pistolero que no tiene antecedentes para ser juez federal de la Nación", recalcó.
Álvarez transmitió que en el marco de la investigación a Hotesur, el juez Bonadío hizo hoy una solicitud de documentación al Fisco argentino.
Según medios locales, la petición se refiere a las declaraciones juradas de impuestos de la presidenta argentina y de sus dos hijos, además de las del fallecido expresidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010, .
La polémica comenzó hace una semana, cuando el juez ordenó allanar la sede de Hotesur en Buenos Aires a raíz de una denuncia presentada por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusa a Fernández y a otros cargos del Gobierno, como el ministro de Justicia, Julio Alak, de violar los deberes de funcionario público y de abuso de autoridad en la gestión de la empresa.
En la denuncia, Stolbizer asegura que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur) que se gestiona a través de Hotesur, podría ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por Cristina Fernández y Néstor Kirchner para hacer negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez, el cual es investigado por la Justicia.
Según medios locales, Hotesur habría acordado alquilar casi un millar de habitaciones al mes a Lázaro Báez durante dos años, sean o no ocupadas.
Además, la diputada denunció que Hotesur adeuda balances contables y la declaración jurada ante la Inspección General de Justicia, encargada de fiscalizar las sociedades comerciales.
Desde Hotesur y el Gobierno niegan las irregularidades y acusan al Poder Judicial de atacar al Ejecutivo en connivencia con la oposición y los grupos económicos concentrados, mientras que funcionarios judiciales y políticos opositores aseguran que el Gobierno pretende amedrentar a los jueces.
"La persecución es de Claudio Bonadío al Gobierno" y busca tener un "escudo" mediático para hacer ver que es él el que está siendo perseguido, defendió hoy Álvarez.
Por otra parte, el senador oficialista Marcelo Fuentes presentó este martes una querella contra Bonadío por presunto enriquecimiento ilícito a través de una participación accionaria en la firma Mansue S.A., dedicada a la venta de combustible.
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