Buenos Aires, 9 mar.- El Gobierno argentino y la oposición discuten por una eventual reforma del Código Penal que reduciría las penas para delitos graves, en contraposición a ocho de cada diez ciudadanos que quieren endurecer los castigos, según una encuesta difundida hoy.
La polémica se instaló luego de que un borrador del proyecto de reforma circulara entre algunos parlamentarios.
El proyecto definitivo no ha sido remitido aún al Congreso, pero el Gobierno de Cristina Fernández ha confirmado que lo enviará este año.
Del lado de la oposición, es el diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien más ha alzado su voz contra la eventual reforma.
Según Massa, exjefe de Gabinete de Fernández, la reforma pretende bajar las penas para delitos graves como la trata de personas, el narcotráfico y las violaciones.
Massa, que se perfila como candidato para las presidenciales de 2015, planteó la necesidad de convocar a una consulta popular sobre la reforma del Código Penal.
Según una encuesta de la consultora privada Hugo Haime difundida hoy, el 83 % de los consultados opinó que las penas que debería contemplar una reforma deben ser más duras.
De acuerdo al sondeo, el 73 % de los encuestados sostiene que las modificaciones que se quieren discutir beneficiarán a los delincuentes porque disminuirían las penas.
"El día que exista un anuncio que diga que esto tal cual está no será enviado al Congreso vamos a sentir que se prestó atención a lo que en la calle plantea la gente. Mientras tanto vamos a seguir hablando", dijo hoy Massa a medios locales.
Otro de los líderes opositores, el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, advirtió que tratar la reforma ahora provocaría "una fractura en la sociedad".
En respuesta a la oposición, el jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, dijo que hay "oportunismo político" detrás de la polémica.
En declaraciones a periodistas, el ministro explicó que existe un borrador elaborado por "jurisconsultos y especialistas con amplio conocimiento en la materia" que ahora es "analizado" por las distintas áreas del Ejecutivo antes de ser remitido al Parlamento.
Según Capítanich, el lugar de debate debe ser el Congreso, una vez que ingrese el proyecto.
En tanto, la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal en este fuero, estudia emitir un pronunciamiento a favor de mantener la figura jurídica de la reincidencia, que agrava las penas y que, según lo que ha trascendido del borrador de la reforma, sería eliminada.
"Ningún Código Penal, ni este proyecto ni ningún otro, favorece a los delincuentes", aseguró hoy la diputada oficialista Diana Conti, para quien las críticas son "absurdas".
Según la legisladora, el proyecto "establece penas de prisión temporales y penas alternativas, y fija como pena máxima 30 años de prisión", crea nuevas figuras delictivas y "respeta la proporcionalidad entre la pena que se impone y la gravedad del hecho delictivo".
"Tener un Código Penal proporcionado y sistémico ayuda a la agilidad de la Justicia, que es la que actúa luego de que el delito se cometió. Y me parecería útil que el delincuente sepa que va a ser aprehendido, condenado, juzgado e ir preso", sostuvo.
La diputada se mostró sin embargo a favor de mantener la pena de reclusión perpetua para los delitos de lesa humanidad.
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