El Gobierno está decidido a asumir el "liderazgo" del proceso de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que aún permanecen en fosas comunes gracias a la nueva Ley de Memoria Democrática e incluso ya calcula que se podrían recuperar de 20.000 a 25.000 cuerpos en un plan cuatrienal. Llevar el peso de la política de fosas al Estado ha sido una de las reivindicaciones tradicionales de las asociaciones memorialísticas y de víctimas del franquismo, y el Ejecutivo ha decidido incorporar esta exigencia a la nueva norma, al tiempo que subraya su compromiso total para su dotación presupuestaria.
De momento, y con los informes que tiene en su poder, cree que un plan cuatrienal permitiría exhumar los restos de 20 a 25.000 personas, pero para ello hace hincapié en que antes debe acometerse un censo de víctimas, que no existe en España, como en otros países que también sufrieron guerras y dictaduras. Este censo oficial, previsto en el anteproyecto de la ley de Memoria Democrática, pretende averiguar cuántas personas perecieron en la Guerra Civil, combatientes y civiles, así como durante la posterior represión de la dictadura franquista, ya que, aunque hay estimaciones históricas, no existen datos fiables al respecto.
Se trata, según fuentes del Gobierno, de poner nombres y apellidos a todos esos españoles, y de hacerlo con una norma que, aseguran, "no reabre heridas, sino que contribuye a cerrar las heridas aún abiertas", porque constituye "un deber de obligación moral y política".
De momento, y hasta que entre en vigor la nueva normativa, el Ejecutivo continuará tramitando subvenciones al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007 para que las asociaciones puedan seguir trabajando en las exhumaciones. De hecho, se acaban de convocar ayudas en relación con la memoria histórica por valor de 750.000 euros, el 60 por ciento destinadas a exhumaciones y el 40 por ciento para proyectos de investigación, congresos y actividades divulgativas.
Con los presupuestos prorrogados desde el último Gobierno del PP, el actual Ejecutivo atribuye la escasez de fondos a la política contra la memoria histórica que practicó este partido, y por ello se compromete a dotar de manera suficiente estas actividades en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
El objetivo final es, cuando esté en vigor la nueva ley, que el impulso y responsabilidad para las exhumaciones recaiga en el Gobierno y las demás Administraciones Públicas, como las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.
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