Lima, 2 may.- Dos peritajes encargados por el ministerio peruano de Defensa descartaron las supuestas ejecuciones extrajudiciales en la operación de rescate de los rehenes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) en 1997, afirmó hoy el procurador público de esa cartera, Gustavo Adrianzén.
Los informes forense y balístico "son determinantes" para indicar que los "catorce delincuentes terroristas murieron durante el operativo" de rescate, denominado Chavín de Huántar, en la residencia del embajador de Japón en Lima, dijo Adrianzén al presentar los peritajes.
"No hubo una ejecución extrajudicial", afirmó el especialista en una rueda de prensa al referirse a las denuncias de que tres de los catorce secuestradores fueron ejecutados extrajudicialmente, y detalló las pruebas a las que fueron sometidos los restos de los "emerretistas", las cuales resultaron negativas.
Según denuncias de un exrehén japonés e investigaciones periodísticas, tres de los secuestradores del MRTA fueron aparentemente ejecutados tras la operación de rescate.
Familiares de los secuestradores muertos en el operativo y organizaciones no gubernamentales denunciaron al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar este caso y encontrar a los responsables de las presuntas ejecuciones.
No obstante, al transcurrir el tiempo sin una resolución en Perú, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El procurador del ministerio de Defensa manifestó que "el orificio del ingreso (de la bala en uno de los fallecidos) es por debajo de la oreja, en el cuello, no en la nuca, ni en la parte de atrás como pretenden decir".
"El rostro de 'Tito' (sobrenombre de Eduardo Cruz Sánchez, uno de los "emerretistas") está intacto" y además tenía una granada en la mano, señal de que no se había rendido, según expresó Adrianzén.
El procurador señaló que el disparo contra "Tito" fue realizado a distancia, a diferencia de las declaraciones de Hidetaka Ogura, el exrehén japonés que afirma haberlo visto rendirse y que supone que fue ejecutado por los militares.
Adrianzén agregó que las versiones de los testigos que alegan que algunos "emerretistas" estaban con vida tras la operación son "dudosas", razón por la cual estimó que el Estado peruano saldrá victorioso de la demanda planteada ante la Corte Interamericana por este caso.
El agente peruano ante la CorteIDH para el caso, el abogado Pedro Cateriano, defiende que "fue un operativo militar ejemplar" y que los catorce secuestradores murieron en el enfrentamiento de rescate adelantado por las autoridades.
Sin embargo, los organismos defensores de los Derechos Humanos en Perú afirman que la acusación va dirigida contra un equipo del Servicio de Inteligencia Nacional, dirigido por el entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
El equipo, conocido como "Los gallinazos", supuestamente se infiltró en la residencia del embajador de Japón en Lima al término de la operación y ejecutó a los secuestradores que habían sobrevivido.
El Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, ha señalado que defenderá jurídicamente a los militares que participaron de la operación.
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