Gobierno español quita legitimidad a los "verificadores" del diálogo con ETA

Barcelona (España), 5 may.- El ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó hoy que el Gobierno no reconoce "ninguna legitimidad" a la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, que este viernes dijo que la banda terrorista ETA le ha transmitido que está "preparada para dialogar".

"Los verificadores han intentado contactar con nosotros, pero nosotros no reconocemos ninguna legitimidad a esos verificadores. Con la Guardia Civil y la Policía tenemos suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no", subrayó Fernández Díaz a la prensa a su llegada al XIII Congreso del Partido Popular catalán en Barcelona.

El responsable de Interior afirmó que para derrotar policialmente a ETA al Gobierno le "ha bastado y sobrado" con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y con ellos mismos "tiene suficiente" para verificar si la organización terrorista se disuelve.

"La política del Gobierno en relación con ETA está muy clara, y además ahora la posición viene acompañada por el Congreso, exigimos su disolución incondicional. El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA", dijo el ministro en ese congreso regional del partido gobernante en España.

La banda terrorista ETA "tiene que dejar de engañar a sus presos, debe decirles la verdad, que es lo que yo acabo de decir", añadió Fernández Díaz, que se refirió también a la situación de los presos de la organización terrorista.

En este sentido, dejó claro que la política del Gobierno en este asunto es la del cumplimiento de la ley, del Código Penal, del reglamento penitenciario y la de la reinserción individual en el marco de la ley.

"Si los presos se desvinculan de ETA y en el marco de la ley, y sólo en este marco, podrán acceder a los beneficios penitenciarios que la ley otorga a los presos", dijo.

La Comisión Internacional de Verificación se reunió entre el jueves y el viernes en Bilbao (norte) con las fuerzas políticas y sociales vascas y también con el consejero de Interior del Gobierno regional vasco, Rodolfo Ares.

Al acabar ayer las citas, la comisión hizo público un comunicado en el que aseguraba que, mediante contactos directos con ETA, había recibido un mensaje de la organización en el que comunica que está "preparada para dialogar sobre asuntos prácticos relevantes para consolidar el proceso", aunque no detalló cuales.

Posteriormente a la emisión de ese comunicado, trascendió que los verificadores habían transmitido también una oferta de desarme por parte de ETA, a cambio de "contactos" y una solución para sus presos.

ETA anunció el 20 de octubre de 2011 "el cese definitivo de su actividad armada" cinco décadas después de su creación, en las que asesinó a más de 850 personas en su carrera terrorista por la independencia del País Vasco.

Cuando anunció el cese de la violencia llevaba más de dos años sin cometer atentados y había declarado un alto el fuego en enero de 2011, tras las sucesivas detenciones de sus principales jefes y la desarticulación de sus grupos armados en España y Francia, donde tenía cada vez más dificultades para ocultarse.

El Gobierno español anunció el pasado 26 de abril un plan de reinserción para presos condenados por delitos de terrorismo, que incluye a los de ETA, quienes, para acogerse al programa tendrán que desvincularse "de forma clara, pública y solemne" de la organización terrorista.