Gobierno hondureño plantea "diálogo amplio" para superar conflicto de poderes

Tegucigalpa, 13 dic.- El Gobierno de Honduras planteó hoy un "diálogo amplio" entre los poderes del Estado como vía de "salida" al conflicto generado por la destitución de cuatro magistrados del Supremo, una medida que ha sido duramente criticada tanto dentro del país como por organismos internacionales.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, anunció este jueves en un breve mensaje a la nación que "en las próximas horas" estará "invitando" a los presidentes del Parlamento, el oficialista Juan Hernández; del Supremo, Jorge Rivera, "y otros actores claves de la democracia, a un diálogo amplio y abierto".

Las conversaciones serán "para construir una salida y un ambiente de colaboración, interacción y cooperación entre todos, por el bien de Honduras", dijo el gobernante en su mensaje, transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

Lobo hizo el planteamiento un día después de que el Parlamento destituyera a cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala Constitucional del Supremo.

Esos jueces declararon inconstitucional el pasado 27 de noviembre pasado las llamadas pruebas de confianza, un procedimiento aprobado por el Ejecutivo para depurar a la Policía hondureña, que está infiltrada por el crimen.

Las pruebas de confianza consisten en someter a los policías al polígrafo y a exámenes psicológicos y antidrogas y estaban autorizadas por un decreto que venció el 25 de noviembre.

Lobo, quien criticó duramente a los cuatro magistrados por su decisión, pidió al Parlamento el 27 de noviembre que el decreto de depuración policial fuera prorrogado por otros seis meses, sin que hasta ahora haya recibido una respuesta.

La salida de los jueces del Supremo se produjo el mismo día en que el pleno de 15 magistrados del máximo tribunal debía pronunciarse sobre el fallo de la Sala de lo Constitucional contra el decreto de depuración policial.

La decisión del Parlamento ha provocado la reacciones de diversos sectores hondureños, que la han calificado como un "golpe técnico" de un poder del Estado a otro, desconociendo el principio de independencia que dicta la Constitución.

La organización Unión Cívica Democrática, que en junio de 2009 respaldó el golpe de Estado contra el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, pidió este jueves al Ministerio Público que investigue a los 97 diputados, de los 128 que integran el Legislativo, que votaron a favor de las destituciones.

Una de sus integrantes, Ruth Lafosse, declaró que hay diferencias entre la destitución de Zelaya y la de los magistrados, puesto que ahora se ha producido "un golpe técnico al poder Judicial".

"Estoy claro que se cometió un delito contra la forma de gobierno (la democracia)", indicó por su parte el diputado Wenceslao Lara, del opositor Partido Liberal y uno de los 31 parlamentarios que se opuso a la destitución de los jueces.

Según la Constitución hondureña, los magistrados solo pueden dejar su cargo por renuncia, enfermedad o muerte.

La Comisión Internacional de Juristas señaló por su lado que el Parlamento hondureño destituyó a los jueces del Supremo "sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza".

"Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del golpe de Estado de junio de 2009" contra Zelaya, que fue desalojado del poder cuando pretendía reformar la Constitución desoyendo impedimentos legales, expresó la Comisión en un comunicado.

Según Juan Hernández, presidente del Parlamento y candidato presidencial oficialista en las elecciones generales de noviembre próximo, los magistrados destituidos estaban conspirando contra el proceso de depuración de la Policía.

"A usted como presidente de un poder del Estado y como candidato de un partido político a la Presidencia, queremos pedirle que nos pruebe esa confabulación", respondió Rosalinda Cruz, uno de los cuatro magistrados destituidos.

Además de Cruz, fueron cesados José Francisco Ruiz, José Antonio Navas y Gustavo Enrique Bustillo, mientras que Óscar Chinchilla, el único que votó en contra de la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, se mantiene en el cargo.

Ayer mismo Silvia Trinidad Santos, Germán Vicente García, José Elmer Lizardo y Víctor Manuel Lozano fueron juramentados por el Parlamento como los nuevos magistrados de la Sala Constitucional.