Madrid, 3 sep.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que elevará este mismo mes al Consejo de Ministros un informe sobre las medidas de regeneración democrática, que será el punto de partida para el diálogo con el resto de grupos parlamentarios.
Sáenz de Santamaría ha presidido esta tarde la reunión del grupo de regeneración democrática, que ha ultimado el calendario de las reformas legales anunciadas durante el pasado 1 de agosto por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, para luchar contra la corrupción política.
El Gobierno ha finalizado ya la redacción de los primeros borradores de los textos normativos que han sido analizados en la reunión de esta tarde, celebrada en el Palacio de la Moncloa.
El grupo de trabajo de regeneración democrática arrancó el pasado mes de marzo, bajo la coordinación del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y con la participación del director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, así como de representantes de los Ministerios de la Presidencia, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, Economía y Competitividad, e Interior.
El Plan Nacional de Regeneración Democrática, afirma el Ejecutivo en un comunicado, comprenderá una serie de medidas políticas, jurídicas y de orden práctico dirigidas a dotar de más control y más transparencia a la actividad pública.
El objetivo es dar cumplimiento a los compromisos que adquirió Rajoy en el debate sobre el estado de la nación, recogidos en una propuesta de resolución que fue ampliamente apoyada por el Congreso de los Diputados.
Entre las medidas recogidas en el plan de regeneración democrática, figura la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos que, además de afectar a los partidos, dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor.
Esta norma supondrá la reforma de tres leyes orgánicas: la de Partidos Políticos, la de Financiación de los Partidos Políticos y la del Tribunal de Cuentas, explica el Ejecutivo.
Además, se pondrá en marcha una ley reguladora del ejercicio de las funciones políticas.
El Gobierno explica que es "necesario" que el ordenamiento jurídico español cuente con un Estatuto del Cargo Público, que, por un lado, otorgue seguridad jurídica a quienes desempeñan determinadas funciones de naturaleza política y, por otro, propicie un mayor control de su ejercicio para evitar situaciones contrarias a las normas vigentes y a la ética pública.
El borrador del informe que el Gobierno verá este mes contiene además preceptos dedicados a los derechos y deberes inherentes a las funciones políticas, las incompatibilidades, así como los órganos de gestión, vigilancia y control y el régimen sancionador.
Con el fin de endurecer las penas asociadas a los delitos relacionados con la corrupción, propone la modificación de algunos tipos previstos en el Código Penal y la creación de algunos nuevos, así como al incremento de los plazos de prescripción para esos delitos.
El borrador señala además que es "imprescindible" la adopción de reformas procesales para agilizar la persecución de los delitos de corrupción, "con la finalidad de que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia".
El Ejecutivo plantea además la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratación con el sector público a todas las personas físicas y jurídicas condenadas por delitos relacionados con la corrupción, así como la reforma de la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios