Madrid, 16 ene.- El Gobierno de Madrid pedirá al juez encargado del supuesto espionaje a políticos en la comunidad madrileña que investigue "las relaciones económicas y profesionales" que puedan tener el guardia civil José Oreja, el funcionario José Manuel Pinto y el nuevo abogado de ambos para que hayan cambiado su testimonio.
Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, en una visita al Centro de Documentación Europea, donde se ha referido a una información que apunta a que Ortega habría señalado al exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre los políticos supuestamente espiados desde la Comunidad en 2008.
Según Victoria, lo que ha dicho Ruiz-Gallardón al respecto es que "confía en la acción judicial y en que se sepa toda la verdad" sobre este asunto, confianza que, según ha señalado, comparte como consejero de Presidencia y Justicia.
Ha anunciado que la Comunidad de Madrid va a pedir al órgano judicial y al juez encargado del caso "que profundicen y analicen cuáles son las relaciones económicas y profesionales que tienen o han tenido" Oreja, Pinto y su nuevo abogado, Ramón González Bosch, "que aparece en escena con estas personas" para que "cuatro años después de estar imputados cambian radicalmente sus versiones".
Según Victoria, lo que se va a solicitar es "que se profundice qué ha ocurrido para que de pronto dos señores se inventen y fantaseen sobre esas versiones y para que además se cubran recíprocamente entre ellos".
"Creemos que es muy extraña esa relación entre el nuevo abogado y estas dos personas y lo que están haciendo", ha agregado el consejero.
Ha asegurado que el guardia civil Ortega da ahora "una versión tan estrambótica y tan extraña" de los hechos "que contradice sus propios testimonios anteriores" y lo que había manifestado a su abogado y a los compañeros "con los que se supone hacia trabajos de seguimiento".
En cuanto a Pinto, ha recordado que se trata de "una persona que es imputada sobre la base de un dictámen pericial" y a quien cuatro años después "se le recuerda que él no era el autor" de las notas manuscritas en los supuestos partes del espionaje.
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