Gobierno mexicano despliega operativo para recuperar municipios de Michoacán

Morelia (México), 14 ene.- El Gobierno mexicano desplegó en las últimas horas un vasto operativo para recuperar municipios del estado de Michoacán que estaban en poder de grupos de autodefensa, cumpliendo las amenazas que había lanzado en la víspera.

Este operativo comenzó anoche y se ha prolongado hoy. Los primeros informes dieron cuenta de la muerte, esta madrugada, de cuatro personas, entre ellas un menor de 11 años, pero el dato no ha sido confirmado por ninguna fuente del Gobierno.

Ni la Secretaría de Defensa ni la de Gobernación (Interior) han aportado información sobre los hechos de las últimas horas. El único que se ha referido al tema ha sido el fiscal general, Jesús Murillo, y fuentes del Gobierno de Michoacán.

Fuentes oficiales de esta ciudad, capital de Michoacán, dijeron hoy que desde la noche del lunes han sido desplegados dos mil soldados en la zona de Tierra Caliente, donde operan grupos de narcotraficantes con un control territorial que no existe en otras regiones del país donde hay presencia del crimen organizado.

La región de Tierra Caliente es el escenario en el que se mueve el cártel de Los Caballeros Templarios, que tiene sembradíos de amapola y marihuana en la región, así como laboratorios de drogas sintéticas.

En el operativo para garantizar la seguridad de Tierra Caliente participan desde el aire una decena de helicópteros aportados por la Procuraduría General de la República (PGR) y otros más de la Policía Federal y del Ejército.

El despliegue comenzó anoche y por lo menos en la comunidad de Antúñez murieron cuatro civiles al bloquear el paso de los militares, según fuentes de los grupos de autodefensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde la capital mexicana.

En tanto, mandos militares y policiales mantenían hoy una reunión en la alcaldía de Apatzingán, el epicentro de una zona que es el feudo de los "templarios", para abordar el tema de la inseguridad en la región y avanzar en el desarme de los grupos de autodefensa.

Estos colectivos de civiles armados operan en 15 del centenar de municipios de Michoacán. De todos ellos tienen que salir, según el ultimátum dado ayer por el Gobierno, que cumplió sus amenazas con el despliegue policial y militar lanzado en las últimas horas.

Desde que se anunció el ultimátum, dirigentes de los grupos de autodefensa se han negado a acatar la orden de desarme dada por el Gobierno y a abandonar las posiciones que tienen bajo su control.

"Aquí está el Ejército, no vamos a entregar las armas. Aquí nos vamos a morir, nos vamos a morir todos", afirmó a Efe uno de los dirigentes de este grupo, Estanislao Beltrán, cuando informó del ataque que causó la muerte de cuatro personas.

Pero el fiscal general, Jesús Murillo, declaró que las autoridades están en la obligación de "restablecer el Estado de Derecho", pero "con la menor violencia posible".

La decisión de obligar a estos grupos a desarmarse se adoptó en medio del desprestigio de las autoridades del estado, administrado por Fausto Vallejo, del gobernante Partido Revolucionario (PRI) y criticado duramente por su ineficacia.

Pero las autoridades se encuentran en el difícil reto de desarmar a unos grupos de civiles que cuentan con cierto apoyo de la población, ante el vacío del poder que se vive en Michoacán desde hace muchos meses.

Una encuesta telefónica difundida en la capital mexicana por la empresa de sondeos Gabinete de Comunicación Estratégica indica que el 45 % de los habitantes de Michoacán está a favor de armarse para luchar contra los cárteles del narcotráfico, frente a un 43 % que desaprueba esa salida.

Pero la mitad de los consultados cree que estos grupos han sido formados por cárteles de la droga para proteger sus intereses, y sólo un tercio piensa que no es así.

Sin embargo, dos tercios de los habitantes de Michoacán consultados reconocen que el Gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado y no puede garantizar la seguridad, y el 58 % cree que deberían dejar operar a los grupos de autodefensa mientras las autoridades no garanticen la seguridad pública.