"Creo que es de justicia que todos aportemos a garantizar la seguridad del país", dijo el mandatario durante una rueda de prensa en la que explicó la urgencia de obtener los recursos que se lograrían de un impuesto del 10% a las telecomunicaciones, el cual dejaría ingresos de 140 millones de dólares por año.
El proyecto todavía debe ser aprobado por el Congreso.
Sánchez recordó que el gobierno ha echado a andar un plan denominado "El Salvador seguro" que busca reducir los niveles de inseguridad en un periodo de cinco años y cuyo costo asciende a 2.100 millones de dólares.
Tras la propuesta del gobierno de aplicar el impuesto a los usuarios de la telefonía y televisión por cable, entre otros servicios, diferentes sectores expresaron su rechazo.
Para atenuar las críticas, el secretario técnico de la presidencia, Roberto Lorenzana, adelantó que a partir del 1 de octubre las tarifas telefónicas se reducirán oficialmente en un 13%.
El número de homicidios en El Salvador tuvo un repunte este año, con 4.323 asesinatos entre enero y agosto, frente a 2.533 en el mismo período de 2014.
Una buena parte de estos homicidios son atribuidos a las pandillas, calificadas por el Estado como agrupaciones terroristas, las cuales cuentan con unos 72.000 miembros, 13.000 de ellos en prisión.
En virtud de la violencia, según el mandatario, todos los sectores deben ponerse "la mano en la conciencia" por cuanto actores de "primera línea" como soldados y policías "estan muriendo, están sacrificando sus vidas" en el combate a la criminalidad.
El gobierno iniciará el martes reuniones con dirigentes partidos políticos para discutir una Ley de Reinserción de las pandillas a la vida productiva.
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