La Policía ha desarticulado un grupo criminal que introducía a ciudadanos marroquíes de forma ilegal en España a través de falsos contratos de trabajo y altas ficticias en la Seguridad Social. Los detenidos pertenecen a una misma familia de empresarios agrícolas de Granada, quienes exigían hasta 8.000 euros a cada inmigrante para adquirir dichos documentos.
La investigación se inició a finales de 2018 al detectarse en la Oficina de Extranjeros de Granada un elevado número de solicitudes de contrataciones en origen de ciudadanos magrebíes por parte de varias empresas agrícolas pertenecientes a una misma familia de una localidad de la comarca del Marquesado, cercana a Guadix (Granada).
Los primeros pasos de la investigación evidenciaron que los empresarios, padre e hijo, que disponían de maquinaria agrícola con la que trabajaban en tierras propias y prestaban servicios a terceros, realmente no tenían ningún trabajador extranjero marroquí contratado y mantenían una estrecha relación con un bufete de abogados de Granada.
En este despacho trabaja como secretaria una mujer de origen marroquí, y este despacho actuaba como representante en todos los expedientes de regularización de los ciudadanos extranjeros. En los primeros días del mes de junio, se llevó a cabo una actuación conjunta entre la Policía Nacional y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las explotaciones agrícolas y en un domicilio, fruto de la cual se ha descubierto que un total de 20 ciudadanos marroquíes habrían logrado obtener de modo ilegal autorización de residencia y entrada en territorio nacional.
Todo ello, explica la Policía, con falsas ofertas de trabajo y altas ficticias en la Seguridad Social, además de otros 22 expedientes que están en trámite. Los falsos empleadores, que han sido detenidos, cobraban una cantidad que variaba de entre 5.000 y 8.000 euros a los padres de cada extranjero que supuestamente contrataban.
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