Guatemala abre una fosa común de su guerra civil en medio de la polémica

(Las Cruces, Guatemala). Forenses y arqueólogos han desenterrado este mes lo que podrían ser los restos de 162 personas asesinadas por el ejército guatemalteco en 1982. Sus parientes, con actitud estoica, fueron testigos del momento y buscaban indicios de sus hermanos, padres o hijos. Hace 28 años, los supervivientes de la masacre ni siquiera se atrevieron a celebrar un funeral por las víctimas o hablar del tema. Tampoco pudieron volver al pueblo fronterizo de Las Dos Erres, que habían construido en una zona arrebatada al bosque.

Allí plantaron árboles frutales y sembraron sus cultivos con la esperanza de dejar de ser simples campesinos. Familias enteras –algunas vivas- fueron enterradas en un pozo seco. Las mujeres fueron violadas y arrojadas junto a sus hijos, tras un calvario salvaje que duró 18 horas. Hoy, tras 16 años de investigaciones, entorpecidas en parte por tácticas obstruccionistas en los tribunales, fiscales, activistas y víctimas quieren retomar el caso y llevar ante la Justicia a los responsables de los asesinatos.

Es un caso emblemático en un país donde cientos de masacres quedaron impunes. El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ordenó en noviembre realizar las exhumaciones y reiniciar el proceso judicial. Dos miembros de las conocidas fuerzas especiales de Guatemala, los llamados "kaibiles", están en prisión, otro está en libertad bajo fianza y otros 14 están bajo orden de búsqueda y captura.

Este caso es un ejemplo espeluznante de la guerra civil de Guatemala y cuenta con pruebas prácticamente irrefutables de testigos. Dos ex integrantes de los kaibiles, ahora testigos protegidos, han entregado los nombres de sus compañeros. Además, un niño que resultó huérfano tras la masacre y que posteriormente fue adoptado por uno de los militares, también está dispuesto a testificar. Ahora adulto, vive en el extranjero.

La masacre parece algo reciente para Luis Saúl Arévalo Valles, de 52 años. Ese 7 de diciembre de 1982 estaba en un pueblo cercano cuando fueron asesinados sus padres, sus tres hermanos y su hermana en el pueblo de Las Dos Erres. En el terreno baldío donde alguna vez hubo un pozo propiedad de sus padres, hoy no hay nada. Arévalo ha encontrado trozos de un viejo horno y sedimentos, fruto de la excavación del pozo. "Esto debe de haber pertenecido a tus abuelos", le explica a su hijo cuando ven una lata oxidada. "Para mí, es como si hubiese sucedido ayer", añade.

La guerra civil de Guatemala acabó en 1996, tras 30 años de contienda. Una comisión de la verdad apoyada por Naciones Unidas determinó que murieron unas 200.000 personas y que las fuerzas del Gobierno cometieron unas 626 masacres. La tragedia de Las Dos Erres es un buen ejemplo de una práctica habitual durante la época más cruenta del conflicto: el ataque relámpago de un pueblo. El número de víctimas no fue el más alto -se calculan entre 162 y 250- pero al igual que el resto de masacres, sus responsables nunca fueron castigados.

La guerra ya es historia, pero hoy es la delincuencia la que registra cifras astronómicas de asesinatos y muy pocas condenas. Muchos creen que obedece a un legado de la "impunidad" de los antiguos militares, que promovieron una cultura de jueces amenazados y policías corruptos. Algunos ex líderes militares, sospechosos de participar en el crimen organizado, siguen gozando de un importante poder político en el país.

Este mes, el Tribunal Supremo de Guatemala clasificó Las Dos Erres como un caso de "alto impacto" y trasladó el juicio desde un tribunal provincial a la capital. Los obstáculos son evidentes. El kaibil liberado sólo tuvo que pagar una fianza de 1.138 euros. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala, responsable de las exhumaciones, vio recortado su presupuesto y ahora recibe ayuda a través de donaciones internacionales. Su director recibió recientemente una carta con amenaza.

La semana pasada, se dieron a conocer las nominaciones para la fiscalía general, en las que aparece una serie de nombres vinculados a grupos reaccionarios. Los activistas temen que una designación desafortunada acabe archivando el caso de Las Dos Erres y otros procesos de gran importancia. Muchos guatemaltecos preferirían olvidar el baño de sangre de la guerra. Sin embargo, otros temen que se refuerce la impunidad y se engañe a las víctimas, entre ellos, los supervivientes de Las Dos Erres.

Esta pequeña aldea fue fundada a finales de los años 70 en El Petén, en el norte del país, bajo un programa que otorgaba terrenos a los campesinos. Talaron la zona y construyeron casas de madera con suelos de tierras y techos de hojalata u hojas de palma. Más tarde añadieron una iglesia católica, un templo evangélico, una escuela y un campo de fútbol. No había electricidad y el agua la transportaban desde lejos.

Los 350 habitantes del lugar se negaron a participar en las patrullas ciudadanas que organizaba el Gobierno, lo que habría provocado el enfado de los militares.En octubre de 1982, las guerrillas asesinaron a varios soldados en una zona cercana. El Ejército hizo caso a una información errónea que afirmaba que las guerrillas se habían apoderado de 20 rifles de los soldados caídos y que los habían ocultado en Las Dos Erres.

Los kaibiles, famosos por su brutalidad, llegaron a la zona para buscar las armas y asesinaron a los residentes. Iban vestidos de paisano, con la idea de culpar del hecho a las guerrillas, según el Tribunal de Derechos Humanos. Los investigadores del caso indican que unos 60 kaibiles, armados con rifles israelíes Galil, se presentaron en la madrugada del 7 de diciembre de 1982 en el lugar. Los hombres fueron llevados a la escuela local y las mujeres y los niños a una de las iglesias.

Se dice que los kaibiles violaron a las mujeres y a las niñas, ya fuera para aterrorizar a la población o simplemente como trofeos de guerra. El sumario del Tribunal Interamericano cree que las mujeres embarazadas fueron golpeadas para que perdieran sus bebés. Los kaibiles habrían torturado a los hombres y exigido las armas robadas. Por la tarde, comenzaron las ejecuciones.

Según fuentes conocedoras de los testimonios de los kaibiles, las víctimas fueron conducidas en pequeños grupos o de manera individual hasta un pozo seco. Arrojaron primero a los niños, aún con vida. Las mujeres recibieron disparos o fueron golpeadas con un mazo y posteriormente arrojadas al pozo. Los hombres murieron de un tiro y fueron lanzados al pozo hasta que éste quedó casi lleno. Después echaron un poco de tierra para cubrirlo.

Algunos cuerpos quedaron a unos cientos de metros del lugar en una zona boscosa y cerca de un pequeño riachuelo.Uno de los kaibiles secuestró a un pequeño de cinco años, una costumbre bastante habitual en intervenciones de este tipo. Otro niño escapó y, ahora adulto, ha accedido a testificar. Es probable que sean los únicos testigos con vida del acontecimiento.

Son pocos los que creen que las guerrillas tenían la capacidad de organizar este tipo de ataques. Los habitantes del pueblo no pudieron volver a trabajar en sus tierras y la mayoría acabó perdiéndolas por ejecuciones hipotecarias o confiscaciones.

La activista guatemalteca Aura Elena Farfán, una mujer infatigable cuyo hermano desapareció en 1984, hizo venir a expertos forenses argentinos para que excavaran el pozo en 1994. Descubrieron al menos 156 cuerpos, demasiado enmarañados y descompuestos como para poder contarlos con certeza. También encontraron restos en otros dos lugares. Los restos volvieron a ser enterrados en una fosa común en el cementerio de Las Cruces, a unos diez kilómetros del lugar.

Fruto de la presión internacional, en el año 2000 el Gobierno guatemalteco reconoció las masacres y otorgó compensaciones a las víctimas de Las Dos Erres, hasta 22.700 euros en algunos casos. Sin embargo, el caso se empantanó en los tribunales en parte debido a la defensa de un bufete vinculado al ex dictador Efraín Ríos Montt, el hombre fuerte de Guatemala en 1982 que aún tiene cierto peso político en el país.

Casi todos los acusados lograron esquivar la prisión. El pasado noviembre, el Tribunal Interamericano dictaminó que Guatemala había permitido "una conducta de retraso judicial" para frustrar el trabajo de la fiscalía. Ordenó la reapertura del caso, las pruebas de ADN a las víctimas, así como también una investigación de las personas involucradas y los vacíos legales que frenaron el juicio. También asignaron más dinero a las víctimas, porque el retraso de los tribunales había vuelto a violar sus derechos.

Todo esto llevó a la exhumación de la fosa común de Las Cruces, que se realizó hace unas semanas. Los defensores del caso señalan que la presión externa ha sido crucial y esperan que el juicio a los kaibiles abra la puerta a otros casos. Ríos Montt y otros comandantes están acusados en otra causa por genocidio.

Quienes observaron solemnemente la exhumación de sus familiares no tienen grandes esperanzas. Concepción de María Pernilla Jiménez, de 37 años, perdió a tres hermanos y ahora cobra 34 euros mensuales por lavar ropa. "La familia murió. Si estuvieran aquí, no estaríamos sufriendo. Tendríamos tierra, un lugar donde trabajar", les dice a sus hijos.

Otros simplemente quieren enterrar los restos de sus familiares en la tumba o el mausoleo familiar. Les gustaría que se hiciera justicia, pero no creen que vaya a ser así. Arévalo, que sólo estudió hasta sexto de primaria, dice que les gustaría que al menos los kaibiles pidieran perdón públicamente.