Habrá delito de propiedad intelectual si hay beneficio o perjuicio económico

Madrid, 20 sep.- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado hoy que el Código Penal contemplará la existencia de delito en materia de propiedad intelectual cuando exista tanto un ánimo de beneficio económico como un perjuicio para terceros.

"Si no hay ánimo de beneficio económico, ya sea directo o indirecto, ni perjuicio de terceros, no hay delito", ha explicado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado hoy el proyecto de ley de reforma del Código Penal.

Con esta reforma, ha explicado el titular de Justicia, se ha equiparado el reproche penal de la vulneración de los derechos de propiedad intelectual a la de la propiedad industrial, al considerar el legislador que no debe haber diferenciación entre ambas.

El proyecto de ley, que ha pretendido adecuar el Código Penal a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual, persigue la explotación económica mediante reproducción, plagio y distribución o comunicación pública de una obra, sin autorización por parte de los titulares de sus derecho.

Entre las principales novedades de la reforma en materia de propiedad intelectual se establece que los propietarios de las páginas en internet que permitan obtener listados de enlaces para acceder ilícitamente a obras protegidas por derechos de autor podrán ser castigados con penas de hasta seis años de prisión.

La reforma en ningún caso actuará contra usuarios o buscadores neutrales, ni contra los programas P2P, que permiten compartir contenidos.

Además, el texto al que hoy ha dado luz verde el Gobierno tipifica expresamente la facilitación de medios para suprimir o neutralizar las medidas tecnológicas utilizadas para proteger la propiedad intelectual, con penas de cárcel que van de los seis meses a los tres años.

El Código Penal mantiene las penas mínimas previstas hasta ahora, pero las conductas más graves podrán ser sancionadas hasta con seis años de prisión, una modificación que, según el Gobierno, se debe a la "desproporción" que existía al comparar estos delitos con otros que también atentan contra la propiedad.