Hacienda sostiene que "no es posible demostrar" que el pp concediese adjudicaciones en "contrapartida" a las donaciones

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, presentó un escrito el pasado 28 de octubre a petición de la Fiscalía Anticorrupción donde se asegura que "no es posible demostrar" que el PP haya "adjudicado contratos públicos como contrapartida a las donaciones" que aparecen en la supuesta contabilidad de los populares y los conocidos como 'Papeles de Bárcenas'.


El informe realizado por Unidad de Apoyo a la Fiscalía Anticorrupción da contestación a la petición del fiscal encargado del caso, Antonio Romeral, de analizar las posible existencia de coincidencias entre algunos de los donativos los 'papeles de Bárcenas' y la adjudicación de contratos públicos a esos donantes. De esta forma, la IGAE, se opuso a la ampliación de querella presentada por la acusación ejercida por Izquierda Unida y otros colectivos como la Asociación Libre de Abogados y Ecologistas en Acción donde se pedía la imputación de Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y de 14 empresarios que aparecen como donantes del partido.
En el escrito se añade que "la ampliación de la querella no añade ningún hecho o documento que nos permita modificar las conclusiones". Además apunta que continúan "creyendo que no es posible demostrar que se han adjudicado contratos públicos como contrapartida a los ingresos a los ingresos por donaciones que muestran los papeles de Bárcenas".
El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda señala que "ni los papeles ni la querella identifican la procedencia real de esos donativos que figuran entregados por Francisco Álvarez Cascos" y que los querellantes "como pruebas de sus afirmaciones, incluyen tablas que a nuestros juicio no desmuestran nada".
Para la IGAE, "los datos que nos facilitan no revelan que exista relación entre adjudicaciones y los donativos que Luis Bárcenas dice haber recibido". En el caso, de Acebes, Álvarez-Cascos y el gerente del PP de Galicia, Ángel Piñeiro, además se apunta que Bárcenas "no ha entregado ningún documento que demuestre la autenticidad de los apuntes que los papeles atribuyen a estas tres personas".
El informe conlcuye que a pesar de que "algunos de los apuntos parezcan veraces, no confirma la validez del resto. Es más debido a las numerosas incongruencias de esos Papeles, sugieren que o no están todos los movimientos o hay algunos que no responden a la realidad".
INFORME ANTICORRUPCIÓN
La Fiscalía Anticorrupción se apoyo en este escrito para solicitar ayer al juez Pablo Ruz que no admitiera la ampliación de la querella presentada por la acusación ejercida por Izquierda Unida donde se pedía la imputación de Cascos y Acebes.
El fiscal Anticorrupción encargado del caso, Antonio Romeral, también se opuso a que se amplíara la causa para imputar a 14 nuevos empresarios que figuran en la supuesta contabilidad paralela del PP. Entre estos empresarios destacan Ignacio López del Hierro –el marido de María Dolores de Cospedal- y el ventrílocuo José Luis Moreno, así como Rafael Palencia, Lucio Moreno de Guerra, Camilo José Alcalá Sánchez y Vicente Cotino.
La Fiscalía aseguró en su escrito que "no detecta en el relato de hechos la conexión que se sostiene en la ampliación de la querella, entre las anotaciones de ingresos por donaciones que se reflejan en los 'papeles de Bárcenas' y las adjudicaciones de contratos públicos".
CASCOS Y ACEBES
El fiscal Romeral apuntó que la ampliación de la querella "no se sustenta en hechos nuevos que se tratan de incorporar a la causa, sino en hechos en su mayor parte conocidos y puestos de manifiesto ya en la misma".
En el caso de Cascos y Acebes, la Fiscalía consideró que en el relato de hechos de los querellantes "no se describe conducta delictiva alguna que justifique la admisión de la ampliación de la querella".
El informe de Anticorrupción señala que la querella "no se proporciona indicio o dato alguno distinto, al tratar de casar adjudicaciones con las entregas anotadas en los referidos papeles, que eleve la sospecha que les pueden infundir dichos hechos". Además añadió que "pese a la enumeración de potenciales delitos que dan a entender pueden derivar de estos hechos, lo que constatamos es que en su relato ni tan siquiera se narran como elementos fácticos, alguno de los necesarios para configurar los tipos delictivos referidos".
Pero Romeral va más allá y aseguró que el PP no puede cometer un delito contable ya que esta figura legal necesita que la entidad opere "de modo permanente en el mercado, circunstancia que no concurre en los partidos políticos a los que no les son de aplicación los delitos societarios".
EMPRESARIOS DONANTES
La ampliación de la querella recogía detalladamente las donaciones realizadas por los 14 empresarios al PP así como las adjudicaciones posteriores que habrían recibido sus sociedades de administraciones gobernadas por los populares.
Anticorrupción asegura que estas donaciones de empresarios como Ignacio López del Hierro y José Luis Moreno, "de resultar acreditados, no son susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal". Es decir, el fiscal Romeral entiende que en estas entregas de dinero no hay delito, y subraya que todas estas donaciones fueron realizadas ante de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos del año 2007, por lo que no suponen ninguna irregularidad.
Las acusaciones atribuían a todos los 14 empresarios delitos de asociación ilícita, alteración del precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, fraude y encubrimiento.