Así lo ha anunciado este lunes en un comunicado la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció --la acusación popular-- después de que se hayan cumplido los plazos para recurrir la sentencia del TSJC, que dictaminó para los tres un año y cuatro meses de cárcel, una multa de 60.000 euros y la inhabilitación especial para la ocupación o cargo público electo por un plazo de cuatro años, seis meses y un día, como autores responsables de un delito de tráfico de influencias.
Han alegado "no tener antecedentes penales y la necesidad de prevenir de los efectos nocivos que supone el contacto con la prisión, a efectos de rehabilitación y reinserción", así como fraccionar el pago de las multas, alegando su situación económica.
La interlocutoria del TSJC dispone que se proceda a la ejecución de la sentencia y la plataforma ha solicitado la denegación de la suspensión de pena de prisión argumentando que "no es un derecho del acusado sino una facultad discrecional del tribunal sancionador, en función de la naturaleza de los delitos".
Asimismo, Sabadell Lliure de Corrupció ha indicado que las penas de cárcel "tienen una vocación preventiva negativa dirigida a atemorizar a esas personas que podrían cometer conductas como las condenadas" así como otra dirigida a aquellas personas y cargos públicos, para que ajusten sus actuaciones a criterios políticos basados en la ética y el cumplimiento de la legalidad.
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