Iguala aprende a vivir tomada por federales, pero aún con el miedo a cuestas

Paula Escalada Medrano

Iguala (México), 7 oct.- La ciudad de Iguala, donde desaparecieron hace ya once días 43 estudiantes, amaneció hoy tomada por la Policía Federal y el Ejército, en un intento de dar normalidad a este municipio cuyos policías locales fueron sacados hasta que demuestren que no tienen vínculos con el narco.

Para ello tendrán que pasar los controles de seguridad en un centro en el estado de Tlaxcala, a donde fueron trasladados esta mañana para pasar 45 días de entrenamiento, que recibirán solo si pasan los controles.

Este intento de limpiar a la Policía de Iguala llega tras la detención de más de una veintena de agentes por su presunta participación en la muerte de seis personas y de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.

Además de los seis fallecidos, tres de ellos estudiantes, 25 personas resultaron heridas y, según varios testigos, decenas de estudiantes fueron subidos a patrullas policiales y ya no se les vio más.

Algunos detenidos, entre ellos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, confesaron haber matado a cerca de una veintena de los jóvenes, según la fiscalía del estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala.

Dicha información, aunada al hallazgo de seis fosas clandestinas con 28 cuerpos aún por identificar, hicieron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto cambiara de opinión y decidiera intervenir en la urbe para restablecer la seguridad.

Así, un destacamento de unos 400 elementos de la Policía Federal, incluidas varias unidades de la recientemente creada Gendarmería, llegó ayer a Iguala, dos días después de que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) asumiera la investigación.

Expertos de la fiscalía general realizarán estudios de balística para determinar si las armas oficiales de los policías locales han sido utilizadas en la comisión de delitos.

Este martes llegaron, además, en cinco helicópteros de la PGR un grupo de peritos en criminalística y química forense para contribuir en la identificación de los 28 cuerpos encontrados el fin de semana y que podrían corresponder a algunos de los jóvenes desaparecidos.

El titular de la PGR, Jesús Murillo, y el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, visitaron esta mañana la ciudad para supervisar el operativo de seguridad que arrancó el lunes y abordar con las autoridades estatales las investigaciones en torno a los sucesos del 26 de septiembre.

Los policías locales partieron a primera hora de la mañana, en medio de la incertidumbre y el miedo de sus familiares, que se quejaron de la poca información que se les ha dado al respecto y de la premura de su citación.

"Sabemos que se van a Tlaxcala pero no sabemos a dónde, no sabemos una dirección, no nos han dicho nada", apuntó María Elena, la esposa de uno de los policías locales que se ha marchado, quien aseguró que la mayoría de los familiares tienen "mucho miedo" porque no saben lo que va a pasar.

"Tenemos miedo de que les hagan confesar a la fuerza cosas que no han cometido, porque cuando a uno lo interrogan a veces le hacen decir cosas que no son verdad", dijo otra familiar a un grupo de medios de comunicación.

El policía primero Carlos Manuel Díaz García, encargado del despecho de la Secretaría de Seguridad después de que su titular, Felipe Flores, se fugara una vez que empezó a conocerse la gravedad de los ataques, confirmó a Efe que en total se habían presentado de manera voluntaria unos 110 elementos de los cerca de 300 que tiene el municipio.

"No se les pudo comunicar a todos (los policías) por la incertidumbre que había. Estamos viendo si los que no llegaron se pueden juntar luego", apuntó.

Noé también es policía local pero no pudo ir hoy por sus "condiciones de salud". Sin embargo, respaldó el operativo porque, dijo a Efe, "el que está manchado de una vez se va para fuera y el que está limpio que continúe en la policía".

Además de Flores, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra en paradero desconocido desde los sucesos violentos.

Según un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) publicado hoy por el diario El Universal, hay pruebas concretas de que Abarca está vinculado a través de la familia de su esposa con Guerreros Unidos, un grupo fundado en 2011 y que opera en Iguala, Taxco y Ciudad Altamirano (Guerrero), así como en Cuernavaca, capital de Morelos.

Abarca tiene que responder a una orden de "presentación" para que explique sus participación en los hechos, mientras que el secretario, señalado por la fiscalía como uno de los mandos que ordenó la detención de los estudiantes desaparecidos, enfrenta una orden de captura.

Pese a la incertidumbre que aún prevalece entre los habitantes de Iguala, hay muchos que se sienten ahora más seguros con los militares patrullando las calles.

"Sí está bien porque ya estaba fuera de control todo, ya estaba la violencia muy fea. Nunca la habíamos visto así en este pueblo", apuntó un vecino que no quiso identificarse, pues el miedo todavía tardará un tiempo en desaparecer.